En 2024, Bolivia volvió a ser observada con lupa por la comunidad internacional debido a un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El Informe 2024 sobre Derechos Humanos en Bolivia, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, expone una radiografía incómoda para el gobierno de Luis Arce.
ActualidadAyer
Redacción
El documento denuncia abusos que van desde torturas, detenciones arbitrarias y represión contra opositores, hasta ataques físicos y digitales contra periodistas, todo en un contexto de impunidad y ausencia de sanciones para los responsables.
El caso Camacho: símbolo de persecución política
Uno de los puntos más sensibles del informe es la situación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Arrestado en 2022, permanece en detención preventiva en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Según los activistas de derechos humanos citados por el Departamento de Estado, su salud se ha deteriorado gravemente sin que se le brinde atención adecuada. Además, el Régimen Penitenciario desobedeció una orden judicial que disponía su traslado a Santa Cruz para asistir a una audiencia, alegando supuestos problemas de seguridad.
Este caso, que ha sido denunciado por la oposición como una muestra de “secuestro judicial”, revela cómo el aparato estatal utiliza la justicia de manera instrumental para neutralizar a líderes opositores. El propio Camacho afirmó en varias ocasiones que su detención busca acallar la voz de Santa Cruz, departamento que históricamente se ha enfrentado al centralismo del MAS.
Prensa bajo asedio
El informe dedica un capítulo alarmante a las restricciones contra la libertad de expresión. Aunque la Constitución boliviana garantiza este derecho, la realidad documentada es otra. Periodistas y medios de comunicación han sufrido represalias por publicar información crítica al gobierno: desde la retención arbitraria de publicidad estatal hasta la apertura de investigaciones fiscales con fines de intimidación.
Las agresiones físicas contra reporteros se multiplicaron en 2024. La Asociación Nacional de la Prensa registró más de 50 ataques en distintas movilizaciones, muchos de ellos perpetrados por simpatizantes de Evo Morales. Periodistas de medios como Unitel o Radio Kawsachun Coca fueron golpeados, asfixiados, atacados con piedras e incluso amenazados con la quema de instalaciones. La violencia digital también se ha convertido en un arma de control: los llamados “guerreros digitales”, financiados con recursos públicos según denuncias de ONG, hostigan a reporteros críticos en redes sociales, con un ensañamiento particular hacia mujeres periodistas mediante insultos sexistas y amenazas de carácter sexual.
A pesar de la gravedad de estos hechos, el Estado no investigó ni sancionó a los responsables, consolidando un clima de autocensura y miedo en las redacciones.
Justicia selectiva y detenciones arbitrarias
El Departamento de Estado subraya que la detención preventiva prolongada se ha convertido en regla en Bolivia, contraviniendo la normativa nacional e internacional. Los casos de la expresidenta interina Jeanine Áñez, sometida a múltiples procesos simultáneos sin garantías de un juicio imparcial, y de líderes cívicos como Rómulo Calvo o César Apaza, ejemplifican cómo la justicia boliviana se utiliza para neutralizar a voces opositoras.
Las ONG denunciaron que las confesiones y testimonios en procesos penales suelen obtenerse bajo tortura o presiones psicológicas. Los informes hablan de violaciones, asfixias, uso de gas lacrimógeno en celdas y amenazas de violencia. Ningún funcionario ha sido condenado por estas prácticas en 2024, lo que refuerza la sensación de impunidad institucionalizada.
Derechos laborales y crisis del sector informal
El panorama se extiende más allá de la política. El informe advierte que el 80 a 90% de la economía boliviana funciona en la informalidad, lo que deja a millones de trabajadores sin cobertura legal. Aunque la legislación reconoce el derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente, en la práctica existen trabas como la exigencia de aprobación gubernamental para registrar sindicatos o el poder del Estado para disolverlos por decreto.
Líderes sindicales críticos al gobierno han enfrentado procesos judiciales o amenazas directas. El caso de César Apaza, obligado a declararse culpable para obtener libertad condicional, refleja cómo el aparato judicial se utiliza para quebrar resistencias en sectores estratégicos como los cocaleros de los Yungas.
La impunidad como norma
El balance del informe es categórico: no hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos en Bolivia durante 2024. Los abusos documentados incluyen tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias, represión contra periodistas y restricciones a la libertad de expresión. Lo más preocupante, según el Departamento de Estado, es la ausencia total de mecanismos efectivos para sancionar a los responsables.
El gobierno de Luis Arce, lejos de garantizar justicia, ha permitido que funcionarios acusados de abusos permanezcan impunes. Las instituciones encargadas de proteger derechos humanos, como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, son percibidas como actores subordinados al poder político.
Un país en riesgo democrático
El caso Camacho, la represión a la prensa y la manipulación de la justicia constituyen síntomas de un deterioro más profundo: la consolidación de un modelo de poder que instrumentaliza las leyes y las instituciones para perpetuar un proyecto político. La narrativa oficial habla de estabilidad y progreso, pero los datos expuestos por organismos internacionales muestran un país donde la crítica se castiga, la oposición se reprime y la libertad de expresión se sofoca.
El informe del Departamento de Estado no hace sino confirmar lo que distintos sectores sociales, gremiales y políticos han venido denunciando: Bolivia atraviesa un proceso de regresión democrática. Si no se corrigen estos patrones, el país corre el riesgo de naturalizar las violaciones a los derechos humanos como parte del funcionamiento cotidiano del Estado.
Fuente principal: Informe 2024 sobre los Derechos Humanos en Bolivia, Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Bolivia despertó el 17 de agosto de 2025 a una realidad que pocos imaginaron posible. Las urnas, esos recipientes sagrados de la voluntad popular, habían pronunciado un veredicto que resonaría como campanas de libertad en los rincones más remotos del continente: el fin de una era, el alba de otra, y en el medio, el silencio expectante de una nación que por dos décadas había olvidado la esperanza genuina.
Según Chat GPT, Bolivia se encamina a una segunda vuelta electoral marcada por la crisis económica más aguda de los últimos años y por un debate que gira en torno al futuro de las pequeñas y medianas empresas y del sector informal, que juntos constituyen el verdadero corazón de la economía nacional.
Según EFE, el expresidente de Bolivia Evo Morales anunció que permanecerá en el país para “derrotar a los neoliberales y corruptos” tras conocerse el cómputo final de las elecciones generales, que confirmó una segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, con el 32,06 % de los votos, y el también expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, con el 26,70 %.
La organización política Creemos proyecta que Luis Fernando Camacho podría salir en libertad a inicios de la próxima semana, probablemente entre lunes y martes, a raíz de la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los procesos que involucran al gobernador cruceño, al exlíder cívico Marco Pumari y a la expresidenta Jeanine Áñez.
Según El País (Madrid) y el periodista Andrés Rodríguez, Rodrigo Paz Pereira se ha convertido en la gran revelación de las elecciones en Bolivia. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, su trayectoria se ha forjado al calor de su herencia política y experiencias de exilio.
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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó a los tribunales departamentales que revisen, de manera inmediata, si se cumplen los plazos de la detención preventiva en los procesos abiertos contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
La exdiputada anuncia que solicitará a la ODCA la suspensión del Partido Demócrata Cristiano en Bolivia, acusando al TSE de habilitar ilegalmente a Rodrigo Paz y de permitir una “infiltración comunista” en la democracia cristiana.
En el perfil de Facebook de la exdiputada boliviana Norma Piérola Valdez se difundieron recientemente fotografías que han generado controversia en redes sociales. Las imágenes muestran a Eva Liz Morales, hija del expresidente Evo Morales, y a la exministra de Culturas Wilma Alanoca, en lo que aparenta ser una conversación con Juan Fernando Cristo Bustos, político colombiano y jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia.