La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ordenó a las entidades financieras atender solicitudes de refinanciamiento y reprogramación de créditos para prestatarios afectados por los eventos climáticos extremos. La medida responde a la declaratoria de emergencia emitida por el Gobierno nacional.
Economía05 de abril de 2025
José Ochoa Renjel
A raíz de la declaratoria de “Situación de Emergencia Nacional” por las inundaciones y fenómenos adversos que afectan a varias regiones del país, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruyó este sábado a las entidades financieras y empresas de arrendamiento financiero activar mecanismos de refinanciamiento y reprogramación de créditos en beneficio de los prestatarios perjudicados.
La medida, respaldada por el Decreto Supremo N° 5241 y la normativa vigente de la ASFI, busca aliviar la carga financiera de personas y empresas afectadas por los desastres naturales, ofreciendo condiciones más flexibles para el pago de sus obligaciones crediticias.
“Las entidades deben evaluar cada caso de forma individual, considerando la situación particular de cada cliente y las perspectivas económicas de sus actividades”, señala el comunicado oficial de la entidad reguladora.
Entre las facilidades que podrán ofrecerse se incluyen periodos de gracia, prórrogas en el pago de capital e intereses y otros ajustes contractuales que permitan una recuperación gradual sin afectar directamente la calificación crediticia del deudor.
La ASFI remarcó que estas medidas no implicarán una reclasificación automática a categoría de mayor riesgo, lo que busca evitar efectos colaterales como el encarecimiento del crédito o restricciones para futuros préstamos.
Asimismo, se estableció un plazo máximo de 30 días calendario para la atención de solicitudes de refinanciamiento o reprogramación, exigiendo a las entidades financieras garantizar trato equitativo, transparencia y canales efectivos de comunicación para los clientes.
La disposición implica una obligación directa para las entidades del sistema financiero, que deberán priorizar la atención a los sectores afectados, especialmente en regiones donde las inundaciones han paralizado actividades productivas, afectado viviendas y generado pérdidas económicas de magnitud.
Con esta medida, el Gobierno y el sistema financiero buscan mitigar el impacto económico de los desastres naturales y sostener la estabilidad financiera de miles de familias y negocios bolivianos en riesgo.
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