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El próximo 26 de marzo se cumplirán 34 años de la firma del Tratado de Asunción, aquel pacto que dio vida al MERCOSUR y que, pese a sus altibajos, sigue siendo un eje clave de la integración regional. Bolivia, sin embargo, sigue atrapada en un limbo, pues su proceso de adhesión, lejos de avanzar con el ritmo esperado, parece estancado por la negligencia de la Cancillería, que ni siquiera ha cumplido con el primer requisito formal de esta etapa: la presentación del cronograma para la adopción del acervo normativo del bloque. Un incumplimiento que, más que un simple retraso, empieza a parecer un sabotaje por omisión.
La pregunta ya no es si Bolivia entrará al MERCOSUR, sino si realmente quiere hacerlo o si, en silencio, el gobierno ha concluido que la adhesión no es conveniente y prefiere dilatar el proceso con excusas burocráticas.
El acto de ingreso oficial se escenificó el 8 de julio de 2024 en Montevideo, cuando el presidente Luis Arce depositó el instrumento de ratificación tras años de espera en el Senado brasileño. Fue un momento largamente postergado, con su respectiva dosis de fotografías y discursos grandilocuentes. Pero, una vez superada la ceremonia, lo que debía seguir era el trabajo técnico serio. En un plazo de 180 días, Bolivia debía presentar un plan detallado para incorporar las normativas jurídicas, económicas y comerciales del bloque. Ese plazo ya se cumplió y no hay noticias del documento.
El gobierno debió haber movilizado ya a su equipo negociador, convocado a los sectores productivos, dialogado con el Parlamento y las cámaras empresariales para diseñar una hoja de ruta. Pero no ha hecho nada. Ni siquiera responde a las solicitudes de información sobre el estado del proceso. Desde algunos sectores del bloque también hay sorpresa, pues no entienden el silencio de la Cancillería cuando el artículo 12 del Protocolo de Adhesión es claro en la obligación de presentar el cronograma en tiempo y forma.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Y el desafío no es menor. Incorporar la normativa del MERCOSUR implica adaptarse al Arancel Externo Común, modificar reglas de origen, transitar del ACE 36 a un nuevo marco comercial, revisar acuerdos con terceros países y ajustar la legislación institucional y jurídica a los estándares del bloque. Es un trabajo colosal que, a estas alturas, Bolivia debería haber avanzado.
Pero, más allá de la lentitud gubernamental, hay preguntas de fondo que el país tampoco ha terminado de responder. Durante casi 30 años de vigencia del ACE 36, el comercio con el MERCOSUR ha dejado para Bolivia un déficit de 42.000 millones de dólares. Un resultado que obliga a preguntarse si la adhesión plena traerá soluciones o si, por el contrario, agravará la vulnerabilidad de la economía boliviana frente a socios mucho más competitivos.
Por otro lado, Argentina ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja discusión, la rigidez del bloque en las negociaciones con terceros. El presidente Javier Milei lo advirtió en la cumbre de diciembre de 2024 y lo ratificó ante su Congreso el 1 de marzo de este año; si el MERCOSUR no flexibiliza su estructura, Buenos Aires explorará acuerdos comerciales por su cuenta, especialmente con Estados Unidos. De concretarse, este sería el golpe más fuerte que haya recibido el bloque en su historia.
La adhesión no solo implica beneficios, también impone restricciones. Según la Decisión 32/00, los miembros del MERCOSUR deben negociar en bloque sus acuerdos comerciales con otros países o grupos económicos. Esto podría significar que Bolivia también pierda margen de maniobra para firmar tratados directos con potencias como Estados Unidos, la Unión Europea o China.
A pesar de estos enormes desafíos, la única vez que la canciller Celinda Sosa compareció ante el Parlamento para hablar del tema, su gran argumento a favor de la adhesión fue que los bolivianos podrán circular libremente en el bloque con reconocimiento de títulos profesionales. Como si la política exterior de un país se redujera a una facilidad migratoria.
El mundo está cambiando aceleradamente. La guerra comercial en ciernes, el auge de nuevos proteccionismos y la crisis de los grandes esquemas de integración obligan a repensar la estrategia de inserción internacional de Bolivia. No es momento para romanticismos integracionistas ni para decisiones apresuradas. Pero si el gobierno ha concluido que la adhesión al MERCOSUR no es conveniente o que lo resuelva el próximo gobierno, que lo diga con claridad. Lo que no puede seguir haciendo es lo que mejor le sale, dejar que el tiempo pase y que el problema, por desgaste, se resuelva solo.
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La adhesión de Bolivia al MERCOSUR se enfrenta a un futuro incierto debido a la negligencia del gobierno en cumplir con los requisitos esenciales para su integración, poniendo en riesgo los beneficios y oportunidades que la plena membresía podría traer al país.
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