El Tribunal Supremo de Reino Unido considera ilegal la prohibición del grupo Palestine Action

MADRID, 13 Feb. 2026 (Europa Press) - El Tribunal Supremo de Reino Unido ha declarado ilegal este viernes la decisión del Gobierno de prohibir al grupo Palestine Action, después de una apelación presentada por la fundadora de la organización, Huda Ammori, quien ha celebrado la decisión.

"Hemos ganado", ha dicho Ammori en un mensaje en redes sociales, donde ha resaltado que el tribunal "dictaminó que la prohibición de Palestine Action es ilegal porque es desproporcionada respecto a la libertad de expresión" y que "la ministra del Interior (Yvette Cooper, en ese momento) violó sus propias políticas". "El tribunal ha ordenado que la prohibición sea retirada", ha zanjado.

La jueza Victoria Sharp, del Tribunal Superior de Justicia, ha indicado que su veredicto que, pese a la decisión, la organización, fundada en 2020, permanecerá ilegalizada por el momento mientras se da tiempo al Gobierno a considerar si presenta una apelación, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica Sky News.

De hecho, la actual ministra del Interior, Sabana Mahmood, ha anunciado que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal de Apelaciones y ha señalado que la decisión de las autoridades "siguió un proceso riguroso, respaldado por el Parlamento". "La prohibición no evita la protesta pacífica en apoyo a la causa palestina, un punto con el que el tribunal está de acuerdo", ha sostenido.

"El tribunal ha reconocido que Palestine Action ha llevado a cabo actos de terrorismo, aplaudido a los que han participado en estos actos y promovido el uso de la violencia", ha argumentado, antes de agregar que "también ha concluido que Palestine Action no es un grupo ordinario de protesta o desobediencia civil, y que sus acciones no son consistentes con los valores democráticos y el Estado de derecho".

"Por esas razones, estoy decepcionada por la decisión del tribunal y en desacuerdo con la noción de que prohibir esta organización terrorista sea desproporcionado", ha dicho Mahmood, quien ha hecho hincapié sin embargo en que "tiene el respeto más profundo" por el aparato judicial británico.

Por ello, ha esgrimido que "los ministros del Interior deben contar con la capacidad de actuar para proteger la seguridad nacional y mantener segura a la población", motivo por el que ha recalcado que planea recurrir para intentar mantener en pie la decisión de las autoridades contra Palestine Action.

El recurso sobre el que se ha fallado este viernes fue presentado por Ammori después de que Cooper --ahora titular de la cartera de Exteriores-- decidiera ilegalizar el grupo, un paso que entró en vigor en julio de 2025, colocándolo a la altura de organizaciones como Al Qaeda y Estado Islámico, con la pertenencia o apoyo a estas formaciones penadas con hasta catorce años de prisión.

Así, la medida implicaba que actos como vestir una camiseta o portar una pancarta con el nombre del grupo podría acarrear penas de seis meses de cárcel, unas medidas criticadas por parte de numerosas organizaciones civiles, que consideran que se trataba de medidas excesivas y sin precedentes en Reino Unido.

AMNISTÍA HABLA DE "MENSAJE CLARO"

Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha afirmado que el fallo supone "una afirmación vital del derecho a protestar, en un momento en el que ha estado bajo un ataque sostenido y deliberado", según el director de Derecho y Derechos Humanos de la ONG en Reino Unido, Tom Southerden.

"La decisión del supremo envía un mensaje claro: el Gobierno no puede arrogarse amplios competencias antiterroristas para silenciar a las críticas o reprimir la disidencia", ha dicho, al tiempo que ha descrito la sentencia como "un freno esencial a las extralimitaciones y un poderoso recordatorio de que las libertades fundamentales aún tienen peso en la legislación de Reino Unido".

"Nos alivia y alienta que el tribunal haya reconocido los peligros de tratar las acciones directas como terrorismo. Esta decisión detiene un patrón de crecientes restricciones, agresivas tácticas políticas y una definición siempre en expansión de lo que constituye 'terrorismo"', ha dicho Southerden.

Así, ha hecho hincapié en que el fallo "dibuja una importante línea en la arena contra los intentos de reducir el espacio democrático y socavar la confianza pública en el derecho a protestar". "Las implicaciones son profundas. Miles de manifestantes pacíficos, incluidos los implicados en la campaña Defended a Nuestros Jurados, han sido arrestados por algo que nunca debió ser un delito", ha lamentado.

"Esta sentencia ofrece esperanza no solo para ellos, sino para cualquiera que crea que desafiar a quienes están en el poder es una parte legítima y necesaria de la vida pública", ha manifestado, al tiempo que ha argüido que "una democracia sana depende de que la gente pueda organizarse, protestar y pedir rendición de cuentas sin tener miedo a ser considerada una amenaza".

Southerden ha incidido en que el fallo "refuerza" por ello "ese principio" y "subraya la importancia de salvaguardar los derechos frente a interferencias desproporcionadas y motivadas políticamente". "Esta decisión supone un importante paso hacia adelante, y seguiremos trabajando para garantizar que el Gobierno respeta el espíritu y la letra de este fallo", ha apostillado.