El acuerdo UE-Mercosur llega al Congreso español en plena revuelta agraria

Un pleno con tractores de fondo

El próximo martes 17 de febrero, el hemiciclo del Congreso de los Diputados acogerá un debate que, aunque formalmente se circunscribe a una proposición no de ley —un instrumento sin fuerza vinculante—, condensa las principales tensiones que atraviesan la política agraria, comercial y medioambiental de la Unión Europea. Vox defenderá una propuesta de 29 puntos que pide, entre otras cosas, rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur en todo aquello que perjudique al sector primario español, oponerse al Pacto Verde Europeo, condenar el borrador de la futura Política Agraria Común (PAC) —que prevé recortes para financiar gasto militar— y paralizar las transferencias de fondos públicos a proyectos agroalimentarios en Marruecos.

La proposición no nace en el vacío. Apenas seis días antes, el 11 de febrero, unos 8.000 agricultores y ganaderos según los convocantes —2.500 según la Delegación del Gobierno— tomaron las calles de Madrid con 367 tractores según cifras oficiales (500 según los organizadores). Las pancartas no dejaban lugar a la ambigüedad: "No Mercosur, no nuestra ruina", "El campo español no se vende", "Si el campo no produce, la ciudad no come". Convocados por Unión de Uniones y Unaspi, marcharon desde la plaza de Colón hasta el Ministerio de Agricultura, en una reedición de las tractoradas de 2024 que, esta vez, llega con un elemento nuevo: el acuerdo ya está firmado.

Unos 8.000 agricultores y ganaderos con 500 tractores toman Madrid contra la futura PAC y Mercosur

De Montevideo a Asunción: un tratado de 25 años que nació viejo

Para entender la magnitud del conflicto conviene reconstruir la cronología. Las negociaciones entre la UE y el Mercosur —el bloque formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— arrancaron formalmente en 1999. Después de múltiples interrupciones, un primer acuerdo de principio se alcanzó en junio de 2019, pero quedó congelado: primero por las preocupaciones sobre la deforestación amazónica bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, luego por la resistencia de Francia e Irlanda, dos países con sectores agrícolas políticamente influyentes.

El 6 de diciembre de 2024, en la Cumbre de Líderes del Mercosur en Montevideo, se anunció el cierre político de las negociaciones. El 9 de enero de 2026, el Consejo de la UE dio luz verde a la firma —pese al voto en contra de Francia, Polonia, Hungría, Irlanda y Austria, y la abstención de Bélgica, que no lograron conformar una minoría de bloqueo—. Y el 17 de enero de 2026, en una ceremonia en Asunción (Paraguay), los representantes de ambos bloques rubricaron el acuerdo —uno de los mayores del mundo, que abarca un mercado de más de 700 millones de personas y representa aproximadamente el 25% del PIB global.

Las cifras macroeconómicas son potentes. La Comisión Europea estima que el desmantelamiento arancelario generará un ahorro de 4.000 millones de euros anuales para las exportaciones europeas, ocho veces más que el acuerdo con Canadá. El Mercosur liberalizará el 91% de sus importaciones; la UE, el 92%. Para sectores como el automóvil, la maquinaria, los productos farmacéuticos o el vino, las oportunidades son significativas. España, como uno de los principales impulsores del pacto —junto a Alemania, Portugal y los países nórdicos—, celebró la firma como un hito estratégico.

Pero las cifras macro ocultan un conflicto distributivo. Porque si el acuerdo abre mercados para la industria europea, también facilita la entrada en Europa de carne vacuna, pollo, azúcar, arroz, miel, soja y etanol sudamericanos. Y es ahí donde el sector primario europeo ve una amenaza directa.

El argumento del campo: competencia desigual y regulación asimétrica

La queja de los agricultores españoles —y europeos en general— tiene una lógica que trasciende el proteccionismo reflejo. Su argumento central es la asimetría regulatoria: los productores europeos operan bajo las normas más exigentes del mundo en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal, uso de fitosanitarios y trazabilidad. Los productores del Mercosur, sostienen, no están sometidos a estándares equivalentes y, sin embargo, accederán al mismo mercado.

El ejemplo más recurrente es la carne vacuna. El acuerdo establece un contingente de 99.000 toneladas con un arancel reducido del 7,5%. Aunque la Comisión insiste en que representa poco más del 1% del consumo europeo y que todas las importaciones deberán cumplir la normativa sanitaria de la UE, los productores temen que la presión a la baja sobre los precios sea suficiente para desestabilizar un sector ya debilitado por los altos costes de producción —agravados desde la guerra de Ucrania— y por lo que perciben como una aplicación deficiente de la ley de cadena alimentaria.

A esto se suma un elemento nuevo: el borrador de la futura PAC contempla recortes en las ayudas directas para redirigir fondos hacia gasto en defensa, en el contexto del rearme europeo post-invasión de Ucrania. Para muchos agricultores, es una doble penalización: menos protección pública y más competencia exterior.

La estrategia de Vox: del nicho rural al discurso soberanista

La proposición de Vox no es solo una defensa del campo. Es un programa político articulado que conecta la crisis agraria con una narrativa más amplia de soberanismo económico, rechazo a la transición ecológica europea y oposición al multilateralismo comercial.

Entre los 29 puntos, la formación de Santiago Abascal pide aumentar los controles fronterizos al 100% de los productos importados, prohibir las importaciones tratadas con fitosanitarios vetados en Europa, desarrollar un etiquetado claro de origen, revisar el sistema de seguros agrarios, aplazar el cuaderno de campo digital previsto para enero de 2027 y, en un giro que va más allá de lo agrario, paralizar la financiación pública de proyectos agroalimentarios en Marruecos, un competidor directo para el sector hortofrutícola español.

Lo que resulta analíticamente relevante es que Vox ha encontrado en la crisis agraria un espacio que le permite diferenciarse tanto del PSOE —firme defensor del acuerdo— como del PP, al que acusa de mantener un doble discurso: oposición retórica en España y apoyo efectivo en Bruselas. De hecho, el 10 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó con 483 votos a favor las salvaguardas agrícolas vinculadas al acuerdo, con el respaldo conjunto de populares y socialistas. Vox votó en contra, calificando las cláusulas de "estafa" y "papel mojado" al considerar que operan a posteriori, cuando el daño ya está hecho.

La paradoja es elocuente: Vox votó contra las únicas medidas de protección agrícola aprobadas hasta ahora, lo que el PP no ha dejado de señalar como una contradicción. "Votar contra las salvaguardas es votar a favor de Mercosur sin red de seguridad", argumentó el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal. Vox replica que el problema no son las cláusulas complementarias sino el acuerdo en sí.

Un conflicto que no es solo español

Es fundamental encuadrar la proposición de Vox en un contexto europeo más amplio. El rechazo al acuerdo UE-Mercosur no es patrimonio de la derecha radical española. Francia intentó construir una minoría de bloqueo para vetar el tratado. Italia ha expresado reservas persistentes. El 21 de enero de 2026 —apenas cuatro días después de la firma en Asunción—, el Parlamento Europeo aprobó por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para evaluar su compatibilidad con los tratados comunitarios, congelando la ratificación durante un período estimado de entre 18 y 24 meses. Mientras tanto, la Comisión Europea evalúa si aplica el acuerdo de forma provisional —una posibilidad que cuenta con el apoyo de España y Alemania pero que enfrenta resistencias.

Las protestas agrarias que sacudieron Europa en 2024 —desde los Países Bajos hasta Polonia, pasando por Francia, Alemania y España— no se han disipado. Se han transformado. Lo que hace dos años era una explosión de malestar se ha convertido en un factor político estructural que condiciona las negociaciones comerciales, la reforma de la PAC y el propio Pacto Verde Europeo.

El análisis sugiere que estamos ante una tensión de fondo que ningún mecanismo de salvaguarda puede resolver por sí solo: la transición ecológica y la apertura comercial imponen costes concentrados en el sector primario, mientras los beneficios se distribuyen de forma difusa entre consumidores e industrias exportadoras. Mientras esa asimetría no se aborde con instrumentos de compensación creíbles y suficientes, el malestar agrario seguirá siendo un vector de inestabilidad política.

Escenarios posibles: del pleno simbólico a la batalla europea

La proposición de Vox del 17 de febrero tiene escasas posibilidades de ser aprobada tal cual. Las proposiciones no de ley, por definición, no obligan al Gobierno, y la aritmética parlamentaria no favorece a la formación. Pero su valor político es otro: forzar un debate público en el que PP y PSOE deban posicionarse, cuando ambos partidos mantienen una relación incómoda con el acuerdo —el PSOE lo defiende abiertamente mientras promete compensaciones; el PP lo apoyó en Bruselas pero lo cuestiona en Madrid.

A escala europea, los próximos meses serán determinantes. El TJUE deberá pronunciarse sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados, y su dictamen podría no llegar hasta 2027. Si la Comisión Europea opta por la aplicación provisional —una prerrogativa que no requiere ratificación nacional, aunque Bruselas se comprometió informalmente ante los eurodiputados a no activarla sin su visto bueno—, la reacción del sector agrario podría escalar significativamente.

Hay, además, un factor externo que resulta insoslayable: el contexto arancelario global. La guerra comercial desatada por la administración Trump, con aranceles crecientes sobre productos europeos, ha reforzado el argumento de quienes defienden el acuerdo con Mercosur como una diversificación estratégica necesaria. Ursula von der Leyen, en la ceremonia de firma en Asunción, lo formuló con claridad: el tratado envía un mensaje "fuerte" frente a los aranceles y el "aislamiento". Pero para los agricultores que ven caer sus márgenes, la geopolítica comercial es una abstracción que no paga las facturas.

Una grieta que no se cierra con salvaguardas

Lo que emerge del cruce entre la proposición de Vox, las protestas de Madrid y el largo recorrido del acuerdo UE-Mercosur no es un episodio coyuntural. Es la manifestación de una contradicción estructural que la Unión Europea aún no ha logrado resolver: cómo conciliar la apertura comercial —que genera riqueza agregada— con la protección de sectores vulnerables que cargan con los costes de esa apertura. Las salvaguardas aprobadas en Estrasburgo el 10 de febrero son un primer paso, pero su eficacia dependerá de la velocidad de activación, la capacidad real de supervisión y, sobre todo, de la voluntad política de aplicarlas cuando sea necesario.

El pleno del 17 de febrero en el Congreso será, casi con certeza, un acto simbólico. Pero el problema que lo motiva —la viabilidad del sector primario europeo en un mundo de libre comercio asimétrico y regulación desigual— es todo menos simbólico. Es la pregunta que definirá buena parte de la política agraria y comercial europea en los próximos años, y cuya respuesta determinará si el proyecto de integración comercial de la UE conserva legitimidad social o se convierte en combustible para el populismo.

(Con información de Europa Press).