Mauricio Ochoa Urioste
Cuarenta días después de que tropas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Caracas, la crisis venezolana ha entrado en una fase que nadie anticipó del todo: no es la democracia plena que reclamaba la oposición, ni la continuidad autoritaria que el chavismo pretendía blindar, sino un territorio intermedio donde las decisiones fundamentales parecen tomarse más en Washington que en Miraflores.
Leopoldo López, el dirigente de Voluntad Popular que se convirtió en símbolo de la resistencia antichavista tras las protestas de 2014 y que vive exiliado en Madrid desde 2020, ofreció este jueves 12 de febrero una de las lecturas más reveladoras de ese nuevo equilibrio. Durante un debate organizado por el Madrid Foro Empresarial, López respaldó la necesidad de conversar con el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez, pero lo hizo trazando una línea roja nítida: nada de procesos de diálogo interminables como los que Venezuela conoció durante la última década. Y dejó una frase que funciona como diagnóstico del momento: "La voluntad política hoy viene direccionada de la Administración de Estados Unidos y no desde Miraflores".
La declaración no es retórica. Un día antes de que López hablara en Madrid, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, se reunía con Rodríguez en el Palacio de Miraflores para sellar lo que ambas partes describieron como una "asociación productiva a largo plazo" en materia energética. Wright, el primer miembro de un gabinete estadounidense en visitar Caracas en cinco décadas —la última vez fue Henry Kissinger en 1976—, llegó acompañado de una delegación técnica que exploró proyectos en petróleo, gas, minería y red eléctrica. Donald Trump, desde la Casa Blanca, informó que 50 millones de barriles de crudo venezolano ya navegaban rumbo a Houston. López lo resumió con una imagen eficaz: "Antes se hablaba de un desembarco militar, pero está habiendo un desembarco de corbatas".
Para entender la cautela de López hay que reconstruir la historia reciente. Venezuela acumula al menos tres grandes ciclos de negociación fallidos entre gobierno y oposición. Las conversaciones facilitadas por Noruega entre 2019 y 2021, los acuerdos parciales en México en 2021 y 2023, y múltiples mediaciones previas con expresidentes latinoamericanos y la OEA compartieron un patrón: el gobierno de Maduro los usó para ganar tiempo, aliviar la presión de sanciones internacionales y fragmentar a la oposición, sin conceder avances democráticos sustanciales. López lo dijo sin rodeos: esos procesos "se utilizaron para rebajar la tensión" pero nunca lograron "terminar de presionar a una solución del conflicto".
Ese historial explica que, cuando siete partidos opositores liderados por el sector de Henrique Capriles aceptaron el 4 de febrero una invitación del gobierno de Rodríguez para iniciar conversaciones, la reacción del ala más dura de la oposición fuera de reserva calculada. Voluntad Popular, el partido de López, no se sumó ni emitió un pronunciamiento oficial. Tampoco lo hizo el entorno de María Corina Machado, la líder opositora ganadora del Nobel de la Paz 2025, quien ha insistido desde el exterior en que Rodríguez es "incapaz de liderar la transición política".
López, sin embargo, no cerró la puerta. Lo que propone es un cambio de formato: no un diálogo como fin en sí mismo, con mediadores internacionales y rondas sin fecha de vencimiento, sino una "ruta concreta hacia la democratización" con metas verificables. Elecciones libres, un nuevo Consejo Nacional Electoral, legalización de partidos, regreso de exiliados, cese de la censura, liberación de presos políticos. Una lista de condiciones que, en la práctica, equivale a desmontar las estructuras de control que el chavismo construyó durante un cuarto de siglo.
Uno de los pasajes más reveladores de la intervención de López fue su insistencia en negar divisiones dentro de la oposición. "El sector democrático venezolano ha estado unificado, hay ruido, la dictadura busca dividir y compra voces, pero eso no significa que haya una fractura en la unidad de la oposición", afirmó.
El análisis de los hechos recientes sugiere un panorama más complejo. La decisión de Capriles y los partidos firmantes —Unión y Cambio, Un Nuevo Tiempo, MAS, Puente, Lápiz y Cambio, Hagamos Fuerza y Paz— de sentarse con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria encargada, implica una apuesta estratégica diferente a la de quienes, como Machado o el propio López, condicionan cualquier acercamiento a garantías previas. No se trata necesariamente de una ruptura ideológica, pero sí de una divergencia táctica significativa, potenciada por el hecho de que Jorge Rodríguez excluyó explícitamente del diálogo a "aquellos sectores de la oposición que llamaron a una invasión y celebraron o se vanagloriaron del ataque letal contra la capital venezolana".
Esa exclusión no nombra a Machado ni a López, pero los apunta directamente. López declaró antes de la captura de Maduro que respaldaba una intervención militar estadounidense. El gobierno de Maduro llegó a iniciar un proceso para anularle la nacionalidad, una medida sin precedentes en la historia del país. En ese contexto, su disposición a "conversar" desde Madrid tiene un alcance limitado: es una señal política hacia Washington y hacia el electorado venezolano, más que una oferta operativa de sentarse en una mesa en Caracas.
El otro gran eje de la intervención de López fue su evaluación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por Delcy Rodríguez y aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el 5 de febrero. López la calificó de "incompleta", con "muchas lagunas" y un procedimiento que otorga "discrecionalidad al tribunal".
Los datos disponibles respaldan parte de esa crítica. Según la ONG Foro Penal, referencia principal en el seguimiento de la represión política en Venezuela, al momento de la intervención de López permanecían encarceladas más de 600 personas por motivos políticos, de las cuales 182 eran militares. Desde el 8 de enero, cuando Rodríguez anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones, Foro Penal había verificado 431 liberaciones. Ninguna correspondía a presos militares.
La ley, que consta de 13 artículos, plantea un perdón para delitos políticos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026, pero lo limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, lo que deja fuera numerosos casos. Excluye además a condenados por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y homicidio intencional: categorías que el chavismo usó con frecuencia como cobertura jurídica para encarcelar a opositores. Familiares de presos políticos alertaron el 10 de febrero de que más de la mitad de los detenidos quedarían fuera de la amnistía si el texto se aprueba sin modificaciones.
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acogió la ley "con cautela" y advirtió que su legitimidad depende de un proceso "transparente e inclusivo". La Asamblea Nacional aplazó la segunda discusión, prevista inicialmente para el 11 de febrero, sin fijar nueva fecha.
López leyó ese retraso como parte de un juego de presiones: "Hasta que se liberen los presos, no se va a dejar de presionar", dijo, atribuyendo la iniciativa de amnistía más a la necesidad política de Rodríguez frente a Washington que a una convicción democrática genuina.
El elemento más disruptivo del momento venezolano no es la ley de amnistía ni el diálogo con Capriles, sino la profundidad de la penetración estadounidense en la estructura económica del país. La visita de Chris Wright no fue protocolar. El Departamento del Tesoro emitió el 11 de febrero dos nuevas licencias que flexibilizan las restricciones para que empresas estadounidenses operen en el sector petrolero venezolano. La reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de enero abrió la puerta a la inversión extranjera, mantuvo la propiedad estatal de los yacimientos pero permitió el arbitraje independiente en disputas, y terminó con el monopolio operativo de PDVSA. Wright describió esa reforma como "un símbolo del deseo de impulsar reformas".
Para López, esta dinámica tiene un doble filo. La presión de Washington es el motor que está forzando las concesiones del chavismo remanente: excarcelaciones, ley de amnistía, apertura al diálogo. Pero la agenda energética de Trump tiene su propia lógica, que no necesariamente se alinea con un calendario democrático. El propio Trump declaró semanas atrás que Machado "no tiene el apoyo ni el respeto del país", un comentario que sembró alarma en el sector más radical de la oposición. López lo reconoce de manera indirecta cuando dice que "esperamos que en la agenda de Estados Unidos está incluida la democratización del país", un verbo —esperar— que delata incertidumbre.
El futuro inmediato de Venezuela parece moverse en torno a tres variables interconectadas, y conviene leerlas como proyecciones sujetas a múltiples condicionantes, no como certezas.
La primera es la suerte de la ley de amnistía. Si la Asamblea Nacional aprueba un texto amplio que incluya a los presos militares y cubra los períodos hoy excluidos, el gobierno de Rodríguez ganará legitimidad doméstica e internacional. Si el texto final es restrictivo, la presión de Washington probablemente se intensifique y la brecha entre la oposición dialoguista y la que exige garantías previas se ensanche.
La segunda variable es el ritmo de la apertura petrolera. Con Wright visitando campos de Chevron en Anzoátegui y Trump hablando de decenas de millones de barriles, la reactivación del sector energético puede generar un efecto estabilizador para el gobierno encargado que le otorgue margen de maniobra política. Para la oposición, eso plantea un riesgo: que Washington encuentre un socio funcional en Rodríguez y postergue la exigencia de elecciones libres.
La tercera es el eventual regreso de los líderes exiliados. López mencionó que Edmundo González y María Corina Machado tienen "total disposición" de volver, pero condicionó su propio retorno al de ellos. Ese regreso sería el test definitivo de la apertura: si ocurre con garantías, la transición avanza; si se demora o se frustra, la nueva etapa venezolana podría cristalizar en un modelo de chavismo reformado bajo tutela estadounidense, sin alternancia real.
Lo que revelan las palabras de López desde Madrid es algo más que la posición de un dirigente opositor. Es el mapa de tensiones de una Venezuela que cambió drásticamente en 40 días pero que todavía no sabe hacia dónde se dirige. La captura de Maduro alteró la correlación de fuerzas, pero no la eliminó: el PSUV sigue controlando la Asamblea, las Fuerzas Armadas mantienen su estructura y el clan Rodríguez ocupa la presidencia y la cabeza del Parlamento.
López y el sector que representa apuestan a que la presión de Washington sea suficiente para forzar una transición democrática completa. Pero su propia frase —"la voluntad política hoy viene direccionada de la Administración de Estados Unidos"— encierra tanto una esperanza como un riesgo. Cuando el destino de una nación depende de la voluntad de otra, la democracia que se construya estará inevitablemente condicionada. Para Venezuela, el desafío de los próximos meses no es solo liberarse de 27 años de autoritarismo, sino asegurarse de que lo que viene después sea decidido por los venezolanos.
(Con información de Europa Press).
