Doria Medina propone cerrar el Tribunal Constitucional y anuncia reforma estructural de la justicia

El precandidato critica duramente al TCP, calificándolo de "negocio" y promete su eliminación si llega a la presidencia, junto con una reforma constitucional.

Política29 de marzo de 2025RedacciónRedacción
Samuel Doria Medina fondo bandera
Foto:APG. Archivo.

Samuel Doria Medina, precandidato presidencial por el bloque de unidad, anunció que cerrará el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) si accede al poder, calificando a esta institución como un “negocio” alejado de su misión original. La declaración fue realizada durante un acto de campaña en el que el líder de Unidad Nacional cuestionó con dureza el sistema judicial boliviano.

El Tribunal Constitucional se ha convertido en un negocio, lo vamos a hacer desaparecer”, afirmó el empresario y político boliviano. Según Doria Medina, el TCP ha perdido legitimidad ante los ojos de la población por sus fallos contradictorios, el alargamiento de procesos judiciales y su presunta participación en actos de extorsión.

El precandidato también criticó el mecanismo de elección de magistrados por voto popular, vigente desde 2011. “Está claro que elegir a los magistrados ha sido un total fracaso”, sentenció. En ese sentido, propuso cambios estructurales en el sistema judicial, incluyendo la modificación de la Constitución para suprimir el TCP y reemplazarlo por un nuevo modelo de control constitucional más eficiente y transparente.

Doria Medina también sostuvo que la función principal del Tribunal, que era proteger los derechos de los ciudadanos, ha sido distorsionada. “Era para que defiendan nuestros derechos, pero ahora solo alargan procesos y hacen que extorsionen más”, dijo, justificando así su propuesta de eliminación.

La postura del político forma parte de un discurso más amplio de reforma profunda del sistema de justicia, que ha sido ampliamente cuestionado por organismos nacionales e internacionales. La eliminación del TCP, sin embargo, implicaría un proceso complejo que requeriría reformas constitucionales mediante los mecanismos establecidos en la Carta Magna.

La propuesta ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y jurídico, abriendo un nuevo frente de debate en la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2025.

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