Mauricio Ochoa Urioste
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves 19 de febrero, por unanimidad y en segunda lectura, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una norma de 16 artículos que permite solicitar la excarcelación de personas procesadas o condenadas por delitos cometidos en el marco de trece episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó el texto tras una sesión de aproximadamente dos horas en el Parlamento, que estuvo presidida por su hermano, Jorge Rodríguez. La votación puso fin a una semana de negociaciones entre el oficialismo y la oposición que había derivado en el aplazamiento del debate el pasado 12 de febrero.
La ley abarca hechos como el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, el referéndum revocatorio de 2004, protestas antigubernamentales de 2007, 2013, 2017, las movilizaciones posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024 y las vinculadas a las elecciones regionales de 2025. Quedan excluidos los cargos de corrupción, violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas y tráfico de estupefacientes. Tampoco podrán acogerse quienes hayan sido procesados por promover o participar en acciones armadas contra la soberanía venezolana por parte de Estados o entidades extranjeras.
Durante el acto de promulgación en el Palacio de Miraflores, Rodríguez afirmó sentirse "complacida" con la norma y sostuvo que "la ley de amnistía abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente". La mandataria añadió: "Hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón".
No obstante, Rodríguez encomendó a la Comisión de Revolución Judicial —encabezada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello—, al Parlamento y al Programa de Convivencia Democrática que evalúen los casos no contemplados en el texto y emitan recomendaciones con la "máxima celeridad" para "curar heridas" y "reencauzar la convivencia democrática y la justicia", según sus palabras.
La segunda lectura había sido aplazada por discrepancias en torno al artículo 7, que exige a los beneficiarios presentarse ante las autoridades judiciales. El texto final mantuvo esa obligación, pero incorporó una modificación: las personas que se encuentren fuera del país podrán designar un abogado de su "confianza y elección" para tramitar la solicitud. Además, la norma impide la detención de los solicitantes mientras el procedimiento esté en curso.
Esta cláusula genera interrogantes sobre la situación de figuras opositoras en el exilio. María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, ha exigido que las promesas se traduzcan en acciones concretas, mientras que Leopoldo López ha reclamado elecciones libres como condición para una transición real. Ambos han sido señalados por el oficialismo de promover intervenciones extranjeras, lo que podría dejarlos fuera del alcance de la amnistía.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconoció durante la sesión que existieron "situaciones de mala utilización" de la ley contra el odio —legislación que establece penas de hasta 20 años de prisión— y adelantó que el Programa de Convivencia y Paz estudia el alcance de esa norma para su eventual reforma.
La ONG Foro Penal, que contabiliza 448 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero, calificó la ley como "bastante restrictiva" porque "excluye" a personas detenidas por motivos políticos, según declaró su presidente, Alfredo Romero. La organización estima que aún permanecen encarceladas más de 600 personas por razones políticas en Venezuela. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, cuestionó que de los casi 28 años que debería cubrir la amnistía, más de 14 quedan fuera del alcance de la norma.
Romero, no obstante, había instado horas antes a "recibir con optimismo" la iniciativa, al tiempo que reclamó continuar la presión por la liberación de todos los detenidos. Foro Penal recordó que "los crímenes contra la humanidad jamás prescriben".
Paralelamente, los familiares de presos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, conocida como Zona 7, suspendieron una huelga de hambre que mantenían desde hacía más de cinco días. Alegaron "grave desgaste físico" y la "ausencia total de respuestas por parte de las autoridades".
La ley de amnistía fue anunciada a finales de enero por Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada de Venezuela el 5 de enero de 2026, dos días después de que un operativo militar estadounidense en Caracas culminara con la captura y traslado a Estados Unidos del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Maduro permanece detenido en una cárcel de Nueva York.
La comisión especial de seguimiento, integrada por 23 diputados oficialistas y opositores y presidida por el diputado Jorge Arreaza, será la encargada de supervisar la aplicación de la norma, que entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial.
(Con información de Europa Press).
