Redacción El Faro 24
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada del jueves al viernes la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con 135 votos a favor y 115 en contra, tras una sesión de más de once horas que transcurrió en paralelo a la cuarta huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la gestión del mandatario. El texto, denominado oficialmente Ley de Modernización Laboral, contó con el respaldo del oficialismo La Libertad Avanza, Propuesta Republicana (Pro), la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques provinciales, pero deberá retornar al Senado para su sanción definitiva tras la supresión de un artículo que proponía recortar los haberes de los trabajadores durante las licencias por enfermedad.
El proyecto, de más de 200 artículos, introduce cambios sustanciales en la legislación laboral vigente desde 1974. Entre las principales modificaciones figuran la reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido, la habilitación para fraccionar las vacaciones, la creación de un banco de horas como alternativa al pago de horas extra y la posibilidad de extender la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. La norma también disuelve la Justicia Nacional del Trabajo, limita el derecho a huelga —al ampliar la lista de actividades consideradas esenciales— y establece un nuevo esquema de negociaciones colectivas que prioriza los acuerdos de empresa o regionales sobre los sectoriales.
El oficialismo accedió a suprimir el artículo 44, que contemplaba reducir el salario al 75% o al 50% cuando un trabajador se ausentara por enfermedad ajena a su actividad laboral. La eliminación de esa cláusula, exigida incluso por aliados del Gobierno, obliga a que el Senado vuelva a pronunciarse sobre el texto. La presidenta de esa cámara, Patricia Bullrich, convocó para la mañana del viernes a las comisiones de Trabajo y Presupuesto con el objetivo de acelerar los plazos y lograr la ratificación el próximo 27 de febrero, de modo que Milei pueda inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo con la ley ya promulgada.
La votación se produjo mientras Argentina vivía una jornada de paralización casi total del transporte público, con aeropuertos, puertos, trenes y la mayoría de las líneas de autobuses sin servicio. A la huelga de la CGT —sin movilización— se sumaron 13 gremios adicionales y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), junto con organizaciones sociales y partidos de izquierda que sí marcharon hacia las inmediaciones del Congreso. Según informaron medios argentinos como Infobae y Ámbito, un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas perimetrales del Palacio Legislativo y las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes. El Gobierno había dispuesto un operativo de seguridad reforzado tras los disturbios registrados el 12 de febrero, cuando el Senado aprobó el proyecto en primera instancia.
La huelga coincidió con un contexto de creciente conflictividad laboral. Dos días antes, la emblemática fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo tras más de 80 años de actividad en la localidad bonaerense de San Fernando, con el despido de sus 920 empleados, alegando la imposibilidad de competir con importaciones asiáticas tras la reducción de aranceles.
Desde la Presidencia, un comunicado celebró la norma y destacó que "significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI" y "el fin de la industria del juicio". El texto oficial subrayó que la ley incorpora "incentivos concretos para la formalización del empleo" y un "enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas".
La oposición, encabezada por Unión por la Patria, calificó el proyecto de "reforma anti laboral". El diputado Sergio Palazzo sostuvo, según recogió la agencia EFE, que detrás de la palabra "modernización" se esconde "la regresión más brutal que reconozca el pueblo argentino de los derechos de los trabajadores". Legisladores de la izquierda y de Provincias Unidas anticiparon que la ley será impugnada judicialmente por considerar que vulnera principios constitucionales de protección laboral. El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, a través del diputado Néstor Pitrola, tildó la norma de "esclavista".
El Senado deberá ahora ratificar o rechazar las modificaciones introducidas por Diputados. De confirmar el texto, la ley quedará en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.
(Con información de Europa Press).
