Redacción El Faro 24
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó este jueves un informe en el que advierte que las acciones de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados generan una preocupación fundada por una posible "limpieza étnica", tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. El documento, que cubre el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, constituye una de las evaluaciones más severas emitidas por el organismo sobre la conducta israelí desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.
El informe llega en un momento de máxima tensión: apenas dos días antes de su publicación, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, prometió en un acto de su partido Sionismo Religioso celebrado en la bodega de Psagot —un asentamiento cerca de Ramala— que el próximo gobierno debería impulsar "la emigración" de los palestinos tanto de Gaza como de Cisjordania. Smotrich presentó la iniciativa bajo el nombre de "Colonización 2030", en el marco de su campaña de cara a las elecciones legislativas previstas para este año.
Un patrón de destrucción sistemática
Según el comunicado oficial de la ACNUDH, "la intensificación de los ataques, la destrucción metódica de barrios enteros y la negación de asistencia humanitaria parecían tener como objetivo un cambio demográfico permanente en Gaza". El informe detalla que esas acciones, combinadas con los traslados forzosos de población, configuran un cuadro que suscita preocupación directa por la limpieza étnica en ambos territorios.
Las cifras son estremecedoras. Según el Ministerio de Salud de Gaza, al 10 de febrero de 2026 al menos 75.196 personas habían muerto en el conflicto —más de 73.000 palestinos y unos 2.038 israelíes. De acuerdo con OCHA, al menos 588 trabajadores humanitarios han sido asesinados en la Franja desde octubre de 2023, incluyendo 396 empleados de la ONU. Human Rights Watch documentó en su Informe Mundial 2026 que los ataques y demoliciones israelíes habían dañado el 78% de todos los edificios de Gaza hasta julio de 2025, dejando gran parte de la Franja inhabitable.
El informe de la ONU subraya que al menos 463 palestinos —157 de ellos niños— murieron de hambre durante el período estudiado, y describe la hambruna como un "resultado directo" de las acciones del gobierno israelí, incluido el bloqueo sistemático a la entrada y distribución de ayuda humanitaria. El uso del hambre como método de guerra, recuerda el documento, constituye un crimen de guerra y podría llegar a considerarse genocidio si su objetivo es la destrucción de un grupo nacional o étnico.
Cisjordania: el otro frente
Pero el informe no se limita a Gaza. En Cisjordania y Jerusalén Este, la ACNUDH documenta lo que describe como "uso sistemático e ilegal de la fuerza" por parte de las tropas israelíes, detención arbitraria generalizada, torturas y demolición extensiva de viviendas como herramientas para "discriminar sistemáticamente, reprimir, controlar y dominar al pueblo palestino". Estas prácticas, según el documento, están alterando el carácter y la composición demográfica de Cisjordania, generando "serias preocupaciones de limpieza étnica".
Human Rights Watch ya había señalado en su informe anual, publicado a principios de febrero, que en enero de 2025 las fuerzas israelíes vaciaron tres campos de refugiados en el norte de Cisjordania —Yenín, Tulkarem y Nur Shams—, desplazando forzosamente a unas 32.000 personas en lo que constituyó el mayor desplazamiento en el territorio desde 1967. La violencia de colonos alcanzó un máximo de los últimos 18 años, con más de 2.660 incidentes documentados hasta septiembre de 2025.
Estas denuncias se enmarcan en un contexto político inmediato especialmente alarmante. El 8 de febrero de 2026, el gabinete de seguridad israelí aprobó un paquete de medidas para ampliar la autoridad civil israelí en las áreas A y B de Cisjordania —que representan aproximadamente el 40% del territorio y donde la Autoridad Palestina ejerce ciertas competencias bajo los Acuerdos de Oslo—, una decisión que el propio Alto Comisionado Volker Türk calificó como un paso más hacia la imposibilidad de un Estado palestino viable. Las nuevas medidas despojan a la Autoridad Palestina de competencias urbanísticas en zonas de Hebrón, incluida la Mezquita de Ibrahim, y establecen control administrativo israelí sobre la Tumba de Raquel en Belén.
Las declaraciones de Smotrich y las medidas del gabinete fueron condenadas el martes 18 de febrero por las misiones ante la ONU de 85 países, que exigieron la reversión inmediata por considerarlas contrarias al derecho internacional. Entre los firmantes figuran aliados cercanos de Israel como Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Chipre, Grecia y Alemania.
La advertencia de DiCarlo ante el Consejo de Seguridad
Un día antes de la publicación del informe, la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, advirtió al Consejo de Seguridad que las medidas israelíes para estrechar el control sobre zonas de Cisjordania administradas por la Autoridad Palestina equivalen a una "anexión de facto gradual".
El informe del ACNUDH concluye que las prácticas israelíes en su conjunto indican "un esfuerzo concertado y acelerado para consolidar la anexión de amplias partes del Territorio Palestino Ocupado y negar el derecho de los palestinos a la autodeterminación".
Violaciones documentadas de todas las partes
El documento no se limita a las acciones israelíes. También apunta a "incidentes preocupantes" de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de la Autoridad Palestina. Respecto a Hamás y otros grupos armados, el informe registra que durante el período analizado mantuvieron a los rehenes israelíes —vivos y muertos— como "moneda de cambio", y recoge testimonios de rehenes liberados sobre violencia sexual, torturas, confinamiento prolongado y privación de alimentos y agua durante el cautiverio.
Tras el alto el fuego mediado por Estados Unidos que entró en vigor en octubre de 2025, los rehenes israelíes que permanecían con vida fueron liberados y cientos de prisioneros palestinos fueron excarcelados, la mayoría sin juicio ni cargos formales. Sin embargo, Human Rights Watch documentó que tras la tregua Hamás llevó a cabo ejecuciones sumarias aparentes de personas acusadas de colaborar con el ejército israelí. Según la ACNUDH, al menos 80 palestinos fueron asesinados por Hamás desde el alto el fuego, la mayoría en enfrentamientos con familias rivales y en ejecuciones sumarias.
El informe también documenta la muerte de 79 palestinos detenidos en prisiones israelíes durante el período cubierto, señalando que los prisioneros gazatíes fueron "particularmente vulnerables a torturas y otros malos tratos".
"La impunidad mata"
El Alto Comisionado Volker Türk eligió una frase lacónica para sintetizar la situación: "La impunidad no es algo abstracto: mata. La rendición de cuentas es indispensable. Es el requisito previo para una paz justa y duradera en Palestina e Israel".
El informe lamenta un "perverso clima de impunidad" y la ausencia de pasos significativos en el sistema judicial israelí para investigar y sancionar las violaciones graves documentadas. En este sentido, reclama a todos los Estados que cesen la venta, transferencia y desvío de armas y equipos militares a Israel, al considerar que facilitan las violaciones del derecho internacional humanitario en los Territorios Ocupados.
Incluso voces dentro de Israel han expresado alarmas similares. El expresidente del Gobierno Ehud Olmert declaró a Euronews a principios de febrero que la política israelí en Cisjordania constituye algo que "se acerca a un intento de limpieza étnica".
Un alto el fuego frágil y un futuro incierto
Si bien el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza, liderado por Estados Unidos, logró reducir significativamente los combates tras entrar en vigor en octubre de 2025, el informe señala que la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas representa "una deficiencia crítica". Según OCHA, desde el inicio del alto el fuego hasta mediados de febrero de 2026 al menos 591 palestinos han sido asesinados y otros 1.591 heridos, mientras que se han recuperado 720 cuerpos de entre los escombros.
El ejército israelí sigue desplegado en más del 50% del territorio de la Franja de Gaza más allá de la llamada "línea amarilla" de repliegue, restringiendo o prohibiendo el acceso a infraestructuras humanitarias, servicios públicos y tierras agrícolas. La UNRWA, principal agencia de la ONU para los refugiados palestinos, lleva bloqueada por las autoridades israelíes desde marzo de 2025 para introducir directamente ayuda humanitaria en Gaza, pese a tener alimentos y suministros de emergencia preposicionados fuera del enclave.
El documento cierra con un llamamiento directo: "La justicia para las víctimas debe sentar las bases para la reconstrucción de Gaza", y solicita a los Estados que garanticen la participación inmediata de los palestinos en las estructuras de gobierno que determinen la forma de esa reconstrucción.
Con información de ACNUDH/OHCHR, Europa Press, Human Rights Watch, OCHA, UNRWA, The Times of Israel, Arab News, Euronews, Anadolu y Middle East Eye.
