Sin banco central independiente, no hay transformación económica

Tras dos décadas de latrocinio sistemático del masismo —en sus variantes “Evista” y “Arcista”—, resulta evidente que una de las principales causas de la actual multicrisis boliviana, en su faceta económica, es la conversión del Banco Central de Bolivia (BCB) en una vulgar “caja chica” del Ejecutivo de turno. Como señala nuestro asociado:

“La autocracia MASista depredó las RIN/divisas del BCB aplicando su antijurídico método de la ‘exceptuación de prohibiciones y deberes’, burlando las reglas de Responsabilidad Fiscal establecidas en la Ley del BCB (arts. 16, 22, 23 y 75), todo para financiar, con el 82,5% de las reservas, su programa estatista, asistencial y de apadrinamiento de la corrupción denominado ‘Modelo Económico Social Comunitario Productivo’” (Salgueiro A., ANF, 2023).

Ya en 2012 advertíamos las graves consecuencias de que el Órgano Ejecutivo asaltara al BCB, cuando el entonces ministro Luis Arce confesó que “el BCB dejaría de ser independiente.” Refiriéndose a la Ley 1670, declaró sin pudor: “Eso fue en el pasado, en la práctica hemos eliminado la vieja ley neoliberal, pero hay que consolidarla llevando una nueva ley para que sea aprobada por nuestra Asamblea.” (Página Siete, 2012) Esta violación les permitió disponer de billonarios créditos directos para empresas públicas deficitarias, emitir títulos valores sin respaldo y operar con pérdidas, usando cada Ley del Presupuesto General del Estado para exceptuar al BCB de su seguridad jurídica.

Frente a este atropello, el próximo gobierno republicano no debe errar. La historia ofrece lecciones: P.ej. en 1982, el gradualismo mal aplicado priorizó el tipo de cambio (flotación “con el fin de desregular el mercado cambiario, pero terminó por depreciar el peso boliviano”, en palabras de Juan Cariaga) sin corregir el déficit fiscal ni contener la inflación, perpetuando desequilibrios macroeconómicos. Hoy, cualquier Programa de Gobierno serio debe comenzar por devolverle su independencia técnica al BCB: blindarlo frente a presiones políticas, restaurar sus funciones como ancla antiinflacionaria, preservar la responsabilidad fiscal como meta y cerrar la vía del financiamiento directo al déficit fiscal, entre otros.

Independencia, etimológicamente, significa no depender de una instancia jerárquicamente superior que pueda imponer normas o decisiones. No se trata solo de autonomía administrativa o financiera, sino de una auténtica desvinculación del poder político, especialmente en lo normativo. Aunque suele asociarse a lo judicial, su aplicación es extensiva a otros órganos estatales. El profesor Franz Xavier Barrios Suvelza se refiere a este ámbito como “Ataraxia”: una división incorpórea del poder que previene la colonización institucional.

Por otro lado, independencia no equivale necesariamente a autarquía; una puede existir sin la otra. En el caso del BCB, su independencia es un valor republicano derivado de la división de poderes, y su finalidad es blindarlo frente al intervencionismo del Ejecutivo.

Alan Blinder, refiriéndose a la Reserva Federal, decía: “Aunque la Fed es una criatura del Congreso y sus gobernadores son nombrados por el Presidente, no existe para cumplir sus órdenes.”

En el caso boliviano, la Constitución boliviana, en su art. 172.15°, si bien le faculta al Presidente del Estado a nombrar al titular del BCB de entre ternas propuestas por la Asamblea Legislativa; y el Art. 329.I CPE estipula lo mismo para los miembros del Directorio. No obstante, esto no significa que se le sometan.

Bajo estas premisas, el próximo gobierno debería implementar un modelo híbrido: aplicar medidas de shock para estabilizar inflación y tipo de cambio, mientras se avanza gradualmente en reformas estructurales en subsidios, gasto público y productividad. Así se equilibran urgencia y sostenibilidad, minimizando costos sociales y generando confianza interna y externa en la transformación económica.