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Cada 6 de diciembre, España celebra una de las fechas más significativas de su historia contemporánea: el día en que el pueblo español ratificó por referéndum la Constitución de 1978, cerrando cuatro décadas de dictadura y abriendo las puertas a la democracia. Esta fecha representa el triunfo del consenso sobre el enfrentamiento, y el inicio de una nueva era de libertades y derechos para todos los españoles.
EfeméridesAyer
RedacciónPara comprender el valor de la Constitución de 1978, es necesario recordar lo que la precedió. La dictadura del general Francisco Franco, nacida de la Guerra Civil (1936-1939), se prolongó durante casi cuarenta años, caracterizándose por la concentración absoluta del poder, la supresión de las libertades fundamentales y una sistemática represión política.
El régimen franquista se sustentó en tres pilares: el Ejército, la Iglesia Católica y el partido único (Falange). Los partidos políticos y sindicatos fueron ilegalizados, se anuló la autonomía de Cataluña y el País Vasco, y se impuso una censura férrea. Las estimaciones históricas hablan de más de 130.000 ejecutados por motivos políticos y cientos de miles de exiliados, presos y represaliados.
Sin embargo, el desarrollismo económico de los años sesenta transformó la sociedad española. Surgieron nuevas clases medias urbanas con aspiraciones de libertad, el turismo abrió las fronteras a influencias europeas, y la emigración permitió a millones de españoles conocer la vida en democracia. Esta modernización social chocaba cada vez más con el anacronismo político del régimen.
La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 abrió un período de incertidumbre. Dos días después, Juan Carlos I fue proclamado Rey de España. Aunque había sido designado por el propio dictador, el nuevo monarca apostaría decididamente por la democratización.
Tras el fracaso del primer presidente, Carlos Arias Navarro, incapaz de liderar una reforma creíble, el rey nombró en julio de 1976 a un político relativamente desconocido: Adolfo Suárez. Con solo 43 años, Suárez demostró una extraordinaria habilidad para desmontar el régimen desde dentro, utilizando la propia legalidad franquista para transformarla.
El instrumento clave fue la Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976 y ratificada en referéndum por el 94% de los votantes. Esta ley permitió la celebración de las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, en las que participaron partidos de todo el espectro ideológico, incluyendo el recién legalizado Partido Comunista.
Las Cortes surgidas de aquellas elecciones asumieron la tarea de redactar una nueva Constitución. Una ponencia de siete diputados, conocidos como los "Padres de la Constitución", fue encargada de elaborar el anteproyecto:
Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y José Pedro Pérez-Llorca (UCD)
Gregorio Peces-Barba (PSOE)
Manuel Fraga (Alianza Popular)
Jordi Solé Tura (PCE)
Miquel Roca (nacionalismo catalán)
La composición reflejaba la pluralidad política española: desde el conservadurismo de Fraga hasta el comunismo de Solé Tura. El trabajo fue arduo, con más de 3.000 enmiendas al segundo borrador, pero prevaleció la voluntad de consenso. Muchos acuerdos cruciales se alcanzaron en negociaciones informales, lejos de los focos públicos.
El Partido Nacionalista Vasco quedó fuera de la ponencia, una ausencia que tendría consecuencias duraderas: el PNV no votaría favorablemente la Constitución.
Tras meses de debates, las Cortes aprobaron el texto constitucional el 31 de octubre de 1978 con un apoyo abrumador: 325 votos a favor en el Congreso y 226 en el Senado.
El 6 de diciembre, los españoles fueron convocados a las urnas con una pregunta directa: "¿Aprueba el proyecto de Constitución?" La respuesta fue contundente:
87,78% votó a favor
7,83% votó en contra
Participación del 67,11%
La víspera del referéndum, ETA asesinó a tres policías en San Sebastián, un intento de alterar el proceso que no logró su objetivo. El pueblo español había expresado claramente su deseo de democracia.
El 27 de diciembre, el Rey sancionó la Constitución en sesión solemne de las Cortes, y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. Se eligió deliberadamente esa fecha para evitar que coincidiera con el Día de los Santos Inocentes.
La Carta Magna de 1978 estableció los fundamentos del nuevo Estado democrático:
Principios fundamentales: España se constituye como un "Estado social y democrático de Derecho", donde la soberanía reside en el pueblo español. La forma política es la monarquía parlamentaria.
Derechos y libertades: Un amplio catálogo que incluye el derecho a la vida, la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la participación política, la tutela judicial efectiva, la educación y el derecho de huelga.
Sistema institucional: División de poderes entre las Cortes Generales (legislativo), el Gobierno (ejecutivo) y el Poder Judicial. El Rey reina pero no gobierna.
Estado autonómico: España se organiza en Comunidades Autónomas con capacidad de autogobierno, un modelo que buscaba conciliar las aspiraciones de los territorios históricos con la unidad nacional.
Tribunal Constitucional: Garante supremo de la Constitución y protector de los derechos fundamentales.
La Constitución de 1978 ha sido la más longeva de la historia española moderna. Bajo su amparo, España ha consolidado su democracia, desarrollado un Estado del bienestar, ingresado en la Unión Europea (1986) y experimentado la alternancia pacífica entre gobiernos de distinto signo.
Solo ha sido reformada en tres ocasiones: en 1992 para adaptar el derecho de sufragio al Tratado de Maastricht, en 2011 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria, y en 2024 para actualizar el lenguaje sobre discapacidad.
Por supuesto, persisten debates: la cuestión territorial (evidenciada en el proceso independentista catalán de 2017), la reforma del Senado, la sucesión a la Corona y la adaptación a las nuevas realidades tecnológicas. La Constitución no es un texto sagrado, sino un instrumento vivo que cada generación debe hacer suyo.

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