El tribunal que juzga a Jeanine Áñez por su asunción a la presidencia en 2019 convocó a los principales líderes del MAS como testigos. La defensa de la exmandataria exige su comparecencia.
Política26 de marzo de 2025
José Ochoa Renjel
El juicio por el caso “Golpe de Estado I” dio un giro inesperado tras la decisión del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz de aceptar la citación como testigos del presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera. La medida fue solicitada por la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, quien enfrenta cargos por presunta usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución durante su asunción al poder en 2019.
Según los abogados de Áñez, el testimonio de los líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS) es clave para esclarecer lo ocurrido durante la crisis institucional que derivó en la renuncia de Morales y la posterior transición. Alegan que los hechos no pueden entenderse fuera de su contexto político y que la participación o inacción de los líderes oficialistas en esos días es parte central del caso.
El fiscal general, Juan Lanchipa, confirmó que los tres fueron citados conforme a derecho y en el marco del principio de amplitud probatoria. Sin embargo, la defensa de Áñez fue más allá: recordó que, según la normativa boliviana, cualquier testigo que no comparezca sin justificación puede ser conducido por la fuerza pública, incluyendo a altas autoridades.
“Nosotros los hemos propuesto como testigos, el tribunal los ha convocado y, por tanto, están obligados a asistir. Si no lo hacen, se podría emitir una orden de aprehensión”, explicó uno de los abogados defensores, en referencia directa a la posibilidad legal que prevé el Código de Procedimiento Penal.
Aunque aún no hay una fecha definida para su comparecencia, el llamado genera tensiones en el entorno político, pues involucra al actual presidente y a dos figuras históricas del MAS en un juicio que sigue siendo cuestionado por sectores que ven en el proceso una judicialización de la crisis política de 2019.
Fuentes: Los Tiempos y Opinión.
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