Tras la polémica, el Ejecutivo decidió no aplicar la disposición que permitía transferencias automáticas de recursos públicos. El Tribunal Constitucional Plurinacional evaluará su legalidad.
Política25 de marzo de 2025
José Ochoa Renjel
El Gobierno anunció este lunes la suspensión de la Disposición Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, luego de fuertes críticas desde sectores sociales, cívicos y opositores. Esta disposición permitía al Ejecutivo autorizar transferencias automáticas de recursos públicos, incluso por encima de la normativa vigente, lo que generó cuestionamientos sobre su legalidad y el riesgo de centralización excesiva.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que la disposición no será aplicada y que será el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el que determine si la medida es o no compatible con la Constitución Política del Estado. “Se respetará lo que disponga el TCP”, afirmó.
El artículo generó preocupación por parte de autoridades locales y analistas económicos, que lo interpretaron como una forma de concentrar el manejo de los recursos en el nivel central, limitando la autonomía de gobernaciones, alcaldías e instituciones públicas.
Con la decisión del Gobierno de suspender su aplicación, el foco se traslada ahora al TCP, que deberá emitir un fallo sobre su constitucionalidad. La controversia deja en evidencia las tensiones persistentes sobre el uso del presupuesto público y la necesidad de mayor fiscalización y equilibrio de poderes.
Fuentes:
Los Tiempos | El Deber | Opinión
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