Gabriel Severo Mamani, representante social de El Alto, criticó las diez medidas del Gobierno para enfrentar la escasez de carburantes, calificándolas de “ridículas”. Señaló que la situación requiere políticas de austeridad reales, incluyendo una reducción drástica del gasto público destinado a los sueldos de altas autoridades, legisladores y expresidentes.
Mamani destacó que políticos con ingresos superiores a 20.000 bolivianos mensuales no pueden comprender las dificultades de la población que sobrevive con el salario mínimo. En respuesta a la falta de acciones concretas, anunció movilizaciones en las próximas semanas si el Gobierno no implementa medidas efectivas para aliviar la crisis.
En diciembre de 2024, se presentó una propuesta para derogar la Ley 376, promulgada en 2013, que otorga a expresidentes y exvicepresidentes un pago mensual equivalente a diez salarios mínimos. La iniciativa busca eliminar gastos innecesarios y promover la austeridad en la clase política.
Se espera que todas las bancadas y bloques políticos en la Asamblea Legislativa respalden esta medida para evitar el despilfarro de recursos públicos. La creciente demanda por reducción del gasto estatal refleja la presión social sobre el Gobierno para abordar la crisis y la desigualdad en la distribución de fondos públicos.
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