El gobierno de Luis Arce enfrenta meses críticos en medio de una creciente presión política y económica. Mientras la crisis de combustibles se intensifica y la escasez de dólares golpea la estabilidad financiera, sectores opositores y el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) le exigen transparencia y advierten sobre el riesgo de una maniobra para extender su mandato, similar a lo ocurrido en Venezuela.
Política09 de marzo de 2025
José Ochoa Renjel
Uno de los principales retos del gobierno es garantizar el suministro continuo de diésel y gasolina, clave para el funcionamiento del sector productivo. La falta de divisas ha complicado la importación de estos insumos, generando preocupación en diferentes sectores económicos. A esto se suma la presión política para que Arce admita que el modelo económico del MAS ha mostrado signos de agotamiento.
Desde la Asamblea Legislativa, parlamentarios opositores critican la gestión económica del presidente y cuestionan la falta de medidas estructurales para enfrentar la crisis. La falta de inversión en proyectos aprobados y la postergación de obras financiadas con créditos internacionales son algunos de los reclamos más recurrentes.
En el ámbito político, el principal temor radica en el papel del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyos magistrados continúan en funciones tras la postergación de la elección judicial. La incertidumbre sobre su rol en los comicios generales previstos para agosto ha desatado sospechas de una posible intervención que altere el proceso electoral.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, ha instado a todas las instituciones del Estado a respetar la independencia del órgano electoral y garantizar un proceso transparente. La oposición teme que el TCP pueda emitir fallos que modifiquen el calendario electoral o que favorezcan una eventual postergación de las elecciones.
El diputado de Creemos, Erwin Bazán, ha señalado que el gobierno debería reconocer la crisis económica y tomar medidas urgentes, como la liberación de exportaciones y la reducción del gasto fiscal. Sin embargo, advirtió que el Ejecutivo parece estar más enfocado en mantener el control institucional que en corregir la situación económica.
“El presidente Arce debería enfocarse en gestionar adecuadamente los últimos meses de su gobierno en lugar de proteger a los magistrados autoprorrogados del TCP. Hay señales preocupantes que sugieren que el MAS podría intentar manipular el proceso electoral”, afirmó Bazán.
Entre las señales de alerta que menciona está la similitud del sistema de conteo rápido de votos con el de 2019, lo que podría dar pie a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. También menciona la supuesta alianza entre Arce y Andrónico Rodríguez, líder de parte de las federaciones cocaleras del Chapare, lo que fortalecería su posición política en un eventual escenario de crisis.
Por su parte, el sector leal a Evo Morales ha incrementado sus críticas contra el gobierno. El diputado Renán Cabezas, parte del bloque evista, ha exigido que Arce rinda cuentas sobre la ejecución de los créditos aprobados en la Asamblea y que garantice la provisión de combustibles.
“El gobierno tiene que cumplir con los compromisos asumidos y ejecutar los proyectos aprobados. Hemos dado luz verde a más de 10 mil millones de dólares en créditos, pero muchos de esos recursos no se han utilizado. La falta de dólares no es culpa de la Asamblea, sino del manejo ineficiente del Ejecutivo”, sostuvo Cabezas.
Las tensiones entre ambas facciones del MAS han convertido al evismo en la principal oposición al gobierno de Arce. Las acusaciones de inacción y mala gestión han ido en aumento, y se prevé que la disputa interna se intensifique conforme se acerquen las elecciones generales.
Para el analista político Paúl Coca, los últimos movimientos del gobierno sugieren que el MAS no está dispuesto a entregar el poder fácilmente. La insistencia en la aprobación de créditos, la falta de acciones concretas para garantizar un proceso electoral transparente y la permisividad con los magistrados autoprorrogados del TCP refuerzan esta hipótesis.
“El gobierno de Arce debería centrarse en resolver los problemas económicos y garantizar elecciones limpias. Sin embargo, hay señales preocupantes: la insistencia en créditos millonarios cuando su mandato está por terminar, la falta de voluntad para firmar acuerdos políticos que garanticen la transparencia electoral y la convivencia con los magistrados que podrían intervenir en los comicios. Todo esto indica que el MAS no quiere irse del poder”, advierte Coca.
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