El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias calificó como ilegal la detención del gobernador cruceño y recomendó su liberación inmediata.
Política31 de marzo de 2025
José Ochoa Renjel
Tras el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, que calificó como arbitraria la detención del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su entorno familiar y jurídico anunció este lunes que activará acciones judiciales nacionales e internacionales para exigir su liberación inmediata.
A través de un comunicado, la familia y abogados de Camacho señalaron que presentarán los recursos constitucionales y legales correspondientes, en cumplimiento del dictamen del organismo internacional. Además, advirtieron que si las autoridades judiciales del país insisten en mantener su detención, iniciarán procesos internacionales por violación de derechos humanos.
“Cualquier intento de ignorar o desacatar el pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU será considerado como un acto de prevaricato y abuso de poder, con consecuencias directas en el ámbito internacional”, expresaron.
La esposa del gobernador, Fátima Jordán, anunció que ya gestiona sanciones personales contra el presidente Luis Arce y otros funcionarios del Gobierno y del Órgano Judicial que —según dijo— participaron directa o indirectamente en la detención que calificó como “política y arbitraria”.
El dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU concluye que no existen fundamentos jurídicos proporcionales para justificar la detención preventiva de Camacho y que se han vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia, a la libertad de expresión y a ser juzgado por un tribunal imparcial. Además, el informe cuestiona la falta de pruebas que vinculen de forma directa al exlíder cívico con los hechos de violencia de 2019.
“El remedio adecuado sería poner al Sr. Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”, concluye el documento.
La respuesta del Gobierno a este dictamen aún no ha sido oficializada, mientras crece la presión nacional e internacional por una resolución al caso Camacho.
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