
Con más de 120 artículos en su haber, la norma en cuestión ha incurrido en una violación sistemática de la Constitución boliviana vigente.
Por qué Bolivia debe mirar con escepticismo el retorno de las recetas neoliberales.
OpiniónAyer Marcelo Rada«Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.» — George Santayana
«La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes.» — Atribuido a Albert Einstein
En diciembre de 2025, Bolivia se encuentra en una encrucijada histórica. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha declarado una "Emergencia Económica Nacional" y, mediante el Decreto Supremo 5503, ha puesto en marcha un programa de reformas que cualquier observador informado reconocería inmediatamente: liberalización comercial, apertura a la inversión extranjera con garantías extraordinarias, eliminación de controles de precios, flexibilización cambiaria, amnistías tributarias para capitales fugados, y reducción del rol del Estado en la economía.
Estas políticas tienen un nombre. Durante cuatro décadas se les ha llamado "neoliberalismo", "Consenso de Washington", "ajuste estructural" o, más recientemente, "reformas pro-mercado". Independientemente del eufemismo que se emplee, constituyen un paquete ideológico coherente que ha sido aplicado repetidamente en América Latina y el mundo en desarrollo desde la década de 1980.
El propósito de este ensayo no es defender la gestión económica del gobierno anterior, cuyas deficiencias son evidentes y están documentadas. Tampoco es negar que Bolivia enfrenta una crisis real que requiere respuestas urgentes. El propósito es mucho más modesto y, a la vez, más fundamental: invitar a la sociedad boliviana a ejercer un escepticismo informado frente a las soluciones propuestas, a la luz de la experiencia histórica tanto nacional como internacional.
Porque si algo nos enseña la historia económica del último medio siglo, es que estas recetas ya fueron probadas —en Bolivia y en decenas de países— y los resultados fueron, en el mejor de los casos, decepcionantes, y en el peor, catastróficos.
Para comprender el presente, debemos comenzar por el pasado. Y el pasado boliviano con el neoliberalismo no es distante ni abstracto: está inscrito en la memoria viva de millones de ciudadanos.
El 29 de agosto de 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro promulgó el Decreto Supremo 21060, diseñado por Jeffrey Sachs y un equipo de economistas formados en la ortodoxia monetarista. El decreto se presentó como la única solución posible a la hiperinflación que había alcanzado tasas anualizadas de más de 20,000%.
Las medidas fueron drásticas:
El resultado inmediato fue efectivamente el control de la hiperinflación. Este "éxito" convirtió a Bolivia en el escaparate del ajuste estructural, y a Jeffrey Sachs en una celebridad global que replicaría su receta en Polonia, Rusia y otros países.
Sin embargo, la narrativa triunfalista omite aspectos fundamentales:
Primero, el costo social fue devastador. Más de 23,000 mineros fueron "relocalizados" (eufemismo para despedidos masivamente) de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Comunidades enteras fueron desarraigadas. El tejido social de regiones mineras como Potosí, Oruro y el norte de La Paz fue destruido. Muchos de estos trabajadores migraron al Chapare, donde la economía de la coca se convirtió en la única alternativa de supervivencia.
Segundo, el crecimiento económico fue anémico. Entre 1985 y 2005, el PIB per cápita de Bolivia creció a un promedio de apenas 1.2% anual, uno de los más bajos de América Latina. Veinte años de "reformas estructurales" dejaron a Bolivia como el país más pobre de Sudamérica.
Tercero, la pobreza se mantuvo escandalosamente alta. En 2005, tras dos décadas de neoliberalismo, el 60% de la población boliviana vivía en pobreza y el 38% en pobreza extrema. La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, se mantuvo entre las más altas del continente.
Cuarto, la desindustrialización fue profunda. La participación de la manufactura en el PIB cayó del 17% en 1985 al 12% en 2005. Bolivia se reprimarizó, dependiendo cada vez más de la exportación de materias primas sin valor agregado.
Quinto, la privatización de empresas estratégicas transfirió riqueza nacional al exterior. La "capitalización" de YPFB, ENTEL, ENDE, LAB y otras empresas entregó el control de sectores estratégicos a corporaciones transnacionales que repatriaron utilidades sistemáticamente.
El experimento neoliberal boliviano no terminó por decisión de las élites, sino por rebelión popular.
En abril de 2000, la población de Cochabamba se levantó contra la privatización del agua a manos de Bechtel (bajo el nombre Aguas del Tunari). La empresa había elevado las tarifas hasta en un 300%, haciendo el agua inaccesible para los sectores populares. La "Guerra del Agua" dejó un muerto y más de cien heridos, pero logró revertir la privatización.
En octubre de 2003, la población de El Alto se movilizó contra la exportación de gas natural por puertos chilenos, en condiciones que beneficiaban a las transnacionales pero no al país. La "Guerra del Gas" dejó más de 60 muertos y forzó la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos.
Estos levantamientos no fueron episodios aislados de violencia irracional. Fueron la respuesta de una sociedad que había experimentado veinte años de promesas incumplidas, de sacrificios que nunca se tradujeron en bienestar, de riquezas naturales que se iban al exterior mientras la pobreza persistía.
Bolivia no fue un caso aislado. El neoliberalismo se aplicó en toda América Latina con resultados consistentemente decepcionantes.
Argentina fue otro "alumno modelo" del Consenso de Washington. Durante los años 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem, se implementaron todas las reformas recomendadas: privatizaciones masivas, convertibilidad peso-dólar, apertura comercial irrestricta, desregulación laboral.
Durante algunos años, la inflación se controló y llegaron inversiones extranjeras. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebraban el "milagro argentino".
El final es conocido: en diciembre de 2001, Argentina sufrió el colapso económico más severo de su historia. El PIB cayó 11% en un año, la pobreza superó el 50%, el desempleo llegó al 25%, y la clase media —orgullo histórico del país— fue devastada. El "corralito" confiscó los ahorros de millones de personas. El país tuvo cinco presidentes en diez días.
México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, prometiendo que la integración con Estados Unidos y Canadá traería prosperidad generalizada.
Treinta años después, los resultados son mixtos en el mejor de los casos:
Chile fue el laboratorio original del neoliberalismo, implementado a sangre y fuego durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). Durante décadas se presentó como el modelo a seguir: crecimiento sostenido, inflación controlada, inversión extranjera abundante.
Sin embargo, el estallido social de octubre de 2019 reveló las grietas profundas del modelo:
El pueblo chileno salió a las calles con un grito que resonó en todo el continente: "No son 30 pesos, son 30 años". Tres décadas de modelo neoliberal habían producido crecimiento macroeconómico pero no bienestar social.
La experiencia se repitió, con variaciones locales, en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela (antes de Chávez), Centroamérica y el Caribe. En todos los casos, el patrón fue similar:
Este patrón se repitió con tal consistencia que constituye evidencia empírica robusta: las recetas neoliberales no producen desarrollo inclusivo ni sostenible.
Ha-Joon Chang, economista coreano formado en Cambridge, dedicó su carrera académica a responder una pregunta fundamental: ¿cómo se desarrollaron realmente los países que hoy son ricos?
Su conclusión, documentada en obras como Kicking Away the Ladder (2002), Bad Samaritans (2008) y 23 Things They Don't Tell You About Capitalism (2010), es demoledora para la ortodoxia neoliberal: ningún país se desarrolló siguiendo las recetas que hoy se imponen a los países pobres.
La narrativa convencional presenta a Gran Bretaña como la cuna del libre comercio, la patria de Adam Smith y David Ricardo. Chang demuestra que esto es un mito:
Chang cita a Friedrich List: "Gran Bretaña pateó la escalera por la que subió, para impedir que otros la siguieran."
Estados Unidos, hoy campeón mundial del libre comercio, fue durante un siglo la nación más proteccionista del planeta:
Alemania no se industrializó mediante el laissez-faire, sino mediante la intervención estatal sistemática:
El "milagro japonés" de posguerra no fue obra del libre mercado, sino de la planificación estatal:
Corea del Sur es quizás el ejemplo más dramático. En 1960, era más pobre que Bolivia, Ghana o Haití. Hoy es una potencia industrial que fabrica semiconductores, automóviles y barcos de clase mundial.
¿Cómo lo logró? Haciendo exactamente lo opuesto a lo que recomienda el Consenso de Washington:
El economista Robert Wade llamó a esto el "mercado gobernado" (governed market). No era socialismo, pero tampoco era libre mercado. Era capitalismo dirigido estratégicamente por el Estado.
La tesis central de Ha-Joon Chang puede resumirse así:
«Prácticamente todos los países hoy desarrollados utilizaron políticas industriales activas —proteccionismo, subsidios, empresas estatales, restricciones a la inversión extranjera— cuando estaban en proceso de desarrollo. Al recomendar a los países pobres que adopten el libre comercio y el laissez-faire, los países ricos están 'pateando la escalera' por la que ellos mismos subieron.»
Esto no significa que Chang defienda cualquier forma de intervención estatal. Reconoce que hay intervenciones mal diseñadas, corruptas o contraproducentes. Su argumento es más sutil: el debate no debería ser "Estado vs. mercado", sino "qué tipo de intervención estatal produce desarrollo y cuál no".
Los países asiáticos exitosos tuvieron Estados que:
Los países latinoamericanos que fracasaron con el desarrollismo previo al neoliberalismo tuvieron Estados que:
La respuesta al desarrollismo fallido no era el neoliberalismo, sino un mejor desarrollismo. En cambio, América Latina saltó de un extremo al otro, con resultados igualmente decepcionantes.
Analicemos las principales medidas del DS 5503 desde la perspectiva histórica que hemos desarrollado:
El decreto elimina los requisitos de autorización previa para importaciones y el Certificado de Abastecimiento Interno para exportaciones.
Lo que dice la historia: Ningún país se industrializó abriendo su economía antes de tener industrias competitivas. Gran Bretaña protegió sus textiles durante cuatro siglos. Estados Unidos mantuvo aranceles del 40% hasta la Segunda Guerra Mundial. Japón solo abrió su mercado automotriz cuando Toyota exportaba la mitad de su producción. Corea protegió su industria hasta que Samsung producía los semiconductores más avanzados del mundo.
Bolivia está abriendo su economía en el momento de mayor debilidad industrial, garantizando que las importaciones desplacen a la producción nacional en lugar de complementarla.
El decreto ofrece a los inversores extranjeros: estabilidad tributaria de 15 años, arbitraje internacional, protección frente a cambios regulatorios, procedimientos expeditos, y "efecto normativo" de los contratos (es decir, que el contrato tiene fuerza de ley).
Lo que dice la historia: Los países exitosos no solo atrajeron inversión extranjera; la condicionaron. Corea exigió transferencia tecnológica, participación de socios locales, metas de exportación y desarrollo de proveedores nacionales. Japón restringió la inversión extranjera directa para evitar la desnacionalización. China impone requisitos de joint ventures y contenido local.
Bolivia está ofreciendo todos los beneficios sin exigir ninguna contrapartida. Es un contrato unilateral donde el Estado renuncia a su capacidad de política industrial durante 15 años.
El decreto ofrece amnistía tributaria (tasa 0%) para capitales no declarados que "regresen" al país y permanezcan 24 meses.
Lo que dice la historia: Los países exitosos no premiaron la fuga de capitales; la castigaron. Corea controló estrictamente las divisas y sancionó la evasión. Japón mantuvo controles de capital hasta los años 1980. China todavía restringe la salida de capitales.
Premiar con amnistía a quienes sacaron dinero del país envía una señal clara: la próxima vez que haya crisis, será racional fugar capitales porque eventualmente habrá otra amnistía. Es un incentivo perverso que institucionaliza la irresponsabilidad.
El decreto aumenta la gasolina especial en aproximadamente 86% y el diésel en 163%.
Lo que dice la historia: Los subsidios energéticos pueden ser ineficientes, pero su eliminación abrupta en países donde el transporte depende del diésel y no hay alternativas tiene efectos devastadores sobre la competitividad. Cuando Corea enfrentó la crisis del petróleo en 1973, no eliminó los subsidios industriales; los focalizó en sectores estratégicos.
Un aumento del 163% en el diésel se traslada a toda la cadena productiva: transporte, agricultura, minería, manufactura. En un país mediterráneo como Bolivia, con costos logísticos ya elevados, esto es un golpe a la competitividad que ningún otro incentivo puede compensar.
Tan revelador como lo que el decreto incluye es lo que omite:
No hay política industrial selectiva. El decreto menciona "sectores estratégicos" (minería, hidrocarburos, agroindustria) pero solo para darles beneficios tributarios, no para desarrollarlos activamente mediante inversión pública, crédito dirigido, protección temporal o requisitos de desempeño.
No hay política tecnológica. No hay mención de transferencia tecnológica, desarrollo de capacidades locales, inversión en I+D, o formación de capital humano avanzado. Los contratos de inversión no exigen ningún componente tecnológico.
No hay direccionamiento del crédito. A diferencia del modelo coreano o japonés, el decreto no establece ningún mecanismo para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. El crédito seguirá fluyendo hacia donde sea más rentable en el corto plazo, no hacia donde sea más estratégico para el desarrollo.
No hay disciplina empresarial. Los beneficios se ofrecen sin contrapartidas. No hay metas de exportación, empleo, encadenamientos locales o transferencia tecnológica. Los inversores reciben estabilidad de 15 años sin compromisos verificables.
No hay compensación social proporcional. El PEPE de Bs 150 mensuales y el aumento del Juancito Pinto a Bs 300 son insuficientes frente a ajustes de precios del 86-163%. Las medidas sociales son marginales, no compensatorias.
El gobierno de Paz Pereira presenta su programa con argumentos que merecen ser analizados críticamente:
Este es el argumento más poderoso del neoliberalismo: frente a la crisis, no hay otra opción que el ajuste. Margaret Thatcher lo popularizó con el acrónimo TINA.
La respuesta histórica: Siempre hay alternativas. Los países asiáticos enfrentaron crisis similares (Corea en 1997, por ejemplo) y respondieron de maneras muy distintas al Consenso de Washington. Malasia, durante la crisis asiática, impuso controles de capital en lugar de seguir las recetas del FMI, y se recuperó más rápido que los países que siguieron la ortodoxia.
La pregunta no es si hay alternativas, sino quién tiene el poder de definir cuáles son las opciones "posibles".
El gobierno argumenta que sus reformas son más sofisticadas, mejor diseñadas, con más salvaguardas sociales que las del pasado.
La respuesta histórica: Este argumento se ha hecho cada vez que se implementan reformas neoliberales. En Argentina, Menem prometió que la convertibilidad era diferente a las devaluaciones del pasado. En México, Salinas prometió que el TLCAN sería diferente a las aperturas anteriores. En todos los casos, las diferencias fueron de grado, no de naturaleza.
El DS 5503 contiene exactamente las mismas recetas del 21060: liberalización, apertura, desregulación, reducción del Estado. Que el paquete venga con un programa social (PEPE) no cambia su naturaleza fundamental.
El decreto critica extensamente al gobierno anterior por corrupción, ineficiencia y mala administración. Implícitamente, sugiere que las mismas políticas, bien implementadas, darán resultados diferentes.
La respuesta histórica: Las políticas neoliberales no fracasaron en América Latina por mala implementación. Fracasaron porque sus premisas son incorrectas:
Un gobierno más honesto o más competente implementando las mismas políticas obtendrá resultados marginalmente mejores, pero no fundamentalmente diferentes.
Antes de aceptar el programa del gobierno como inevitable, los ciudadanos bolivianos deberían preguntarse:
Primera: Si estas recetas funcionaron tan bien, ¿por qué Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica después de haberlas aplicado durante veinte años (1985-2005)?
Segunda: Si el libre comercio es la clave del desarrollo, ¿por qué ningún país hoy desarrollado se desarrolló mediante el libre comercio?
Tercera: Si la inversión extranjera sin restricciones genera desarrollo, ¿por qué los países que más restringieron la inversión extranjera (Japón, Corea, China) son hoy potencias industriales, mientras los que más la liberalizaron (América Latina, África) siguen siendo exportadores de materias primas?
Cuarta: Si la estabilidad macroeconómica es suficiente para el desarrollo, ¿por qué Bolivia tuvo estabilidad macroeconómica durante casi dos décadas (1987-2005) sin salir de la pobreza?
Quinta: Si el problema fue la corrupción del gobierno anterior, ¿por qué la solución es reducir la capacidad del Estado de intervenir en la economía, en lugar de fortalecer la capacidad estatal con mejores instituciones?
Sexta: ¿A quién beneficia realmente un régimen que ofrece estabilidad tributaria de 15 años, arbitraje internacional y amnistía para capitales fugados?
El economista Albert Hirschman distinguió tres respuestas ante instituciones que no funcionan: salida (exit), voz (voice) y lealtad (loyalty).
La élite económica boliviana, cuando enfrenta crisis, puede optar por la "salida": sacar sus capitales, invertir en el exterior, obtener residencias en Miami o Madrid. El DS 5503, con su amnistía para capitales fugados, reconoce implícitamente que esta salida ya ocurrió y busca revertirla con incentivos.
La ciudadanía común no tiene la opción de salida. Puede optar por la lealtad (aceptar pasivamente las políticas del gobierno) o por la voz (cuestionar, debatir, exigir alternativas).
Este ensayo es una invitación a ejercer la voz. No una voz ideológica que rechace todo por principio, sino una voz informada que:
Una crítica responsable debe ofrecer al menos lineamientos de alternativa. Basándose en las lecciones históricas y en la obra de Chang, una estrategia de desarrollo para Bolivia podría incluir:
Primero, protección selectiva y temporal de sectores con potencial de desarrollo. No protección generalizada e indefinida (el error del viejo desarrollismo), sino protección focalizada en sectores donde Bolivia tiene o puede desarrollar ventajas competitivas, condicionada al logro de metas de productividad y con plazos definidos.
Segundo, política industrial activa. Identificación de sectores estratégicos (agroindustria, litio, manufactura ligera) y apoyo sistemático mediante:
Tercero, condiciones para la inversión extranjera. No rechazo de la inversión extranjera, pero sí requisitos de:
Cuarto, control de capitales. Medidas para evitar la fuga de capitales y la especulación cambiaria:
Quinto, política cambiaria administrada. Un tipo de cambio que mantenga la competitividad exportadora, no flotación que genere volatilidad.
Sexto, inversión masiva en capacidades:
Séptimo, reforma tributaria progresiva que capture una mayor parte de las rentas de recursos naturales y reduzca la desigualdad.
Octavo, fortalecimiento institucional del Estado (no su reducción). Un Estado más pequeño no es necesariamente menos corrupto; a menudo es simplemente menos capaz. Lo que se necesita son:
Estas no son ideas utópicas. Son las políticas que realmente siguieron los países que se desarrollaron. No hay garantía de que funcionen en Bolivia, pero al menos tienen evidencia histórica a su favor.
El DS 5503 se promulga en un momento paradójico: mientras Bolivia abraza el neoliberalismo, el resto del mundo lo está abandonando.
Estados Unidos, cuna ideológica del libre mercado, ha implementado bajo las administraciones de Trump y Biden políticas industriales masivas: la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de CHIPS y Ciencia, restricciones a las importaciones chinas, subsidios a la manufactura nacional. El consenso bipartidista en Washington es que el libre comercio fue demasiado lejos.
La Unión Europea ha relajado sus reglas de ayudas estatales para permitir subsidios industriales, ha implementado el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (un arancel verde), y está replanteando su dependencia de China.
China, la economía de más rápido crecimiento en la historia humana, nunca siguió las recetas neoliberales. Mantiene un Estado profundamente intervencionista, bancos públicos que dirigen el crédito, empresas estatales en sectores estratégicos, y controles de capital.
India, el nuevo favorito de los inversores globales, combina apertura selectiva con protección industrial, requisitos de contenido local y una activa política industrial.
El consenso académico también ha cambiado. Economistas del mainstream como Dani Rodrik, Joseph Stiglitz y Mariana Mazzucato han documentado las fallas del Consenso de Washington y abogan por un rol más activo del Estado.
En este contexto, que Bolivia adopte el neoliberalismo ortodoxo en 2025 es como adoptar el patrón oro en 1971: una receta anacrónica cuyo fracaso ya está documentado.
Bolivia se encuentra en un momento de definición histórica. Las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán si el país repite los errores del pasado o aprende de ellos.
El gobierno actual tiene derecho a proponer su programa económico. Ganó elecciones con un mandato de cambio. Pero la democracia no se reduce al acto electoral. Implica debate público informado, rendición de cuentas, y la posibilidad de que la ciudadanía cuestione las políticas.
La sociedad boliviana tiene la responsabilidad de:
Recordar. El neoliberalismo no es una idea abstracta en Bolivia. Es una experiencia vivida. Hay millones de bolivianos que recuerdan la "relocalización", la privatización del agua, la guerra del gas. Esa memoria colectiva es un recurso político valioso que no debe desperdiciarse.
Informarse. Más allá de la propaganda gubernamental y de la oposición ideológica, es necesario comprender qué proponen realmente las políticas, cuáles son sus antecedentes históricos, y quiénes se benefician.
Cuestionar. No aceptar como inevitable lo que es una opción política. No confundir la ausencia de alternativas con la falta de imaginación para concebirlas.
Organizarse. Los ajustes estructurales se implementan porque quienes se benefician de ellos están organizados, mientras quienes los sufren están dispersos. La resistencia a políticas regresivas requiere organización social.
Proponer. La crítica sin alternativa es estéril. Es necesario desarrollar, debatir y promover visiones alternativas de desarrollo.
Ha-Joon Chang tituló su obra más conocida Kicking Away the Ladder —pateando la escalera— porque los países ricos, después de subir por la escalera del proteccionismo, la intervención estatal y la política industrial, la patean para que los países pobres no puedan usarla.
Pero hay algo aún más trágico que ser víctima de este juego: ser cómplice de él. Cuando un país adopta voluntariamente las recetas que perpetúan su subdesarrollo, está pateando su propia escalera.
Bolivia no necesita las recetas del Consenso de Washington. Las probó durante veinte años y fracasaron. Necesita construir su propia escalera: una estrategia de desarrollo adaptada a sus condiciones específicas, informada por la experiencia histórica de los países que realmente se desarrollaron, y orientada hacia la construcción de capacidades productivas, no solo hacia la estabilización macroeconómica.
Esa escalera no la construirán los inversores extranjeros atraídos por exenciones tributarias de 15 años. No la construirán los capitales "repatriados" con amnistía. No la construirá un Estado que renuncia a su capacidad de intervención.
La construirá un pueblo que conoce su historia, que exige alternativas, que no acepta como inevitable lo que es una opción política, y que entiende que el desarrollo no es un regalo de los mercados internacionales, sino una conquista de las sociedades organizadas.
El DS 5503 es una invitación a repetir el pasado. Bolivia merece un futuro diferente.
Diciembre de 2025
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Ante la magnitud del descalabro que nos han dejado los “oceanógrafos gasíferos”, es hora de respaldar vigorosamente la gestión de las máximas autoridades del sector energético. Se trata de profesionales reconocidos por su honestidad y competencia y valientes por haber antepuesto el servicio al país a sus intereses personales.

El artículo de Gonzalo Mendieta Romero publicado en la columna Cartuchos de Harina del periódico digital La Brújula Digital el 06/09/2025, titulado “Los jesuitas sentenciados: ser impopular y estar a salvo”, es curioso. Es una columna que oscila entre la apología del delito, argumentos leguleyos y deslices freudianos. La columna en cuestión empieza con la cita de un hombre (Adlai Stevenson) que ha pasado a la historia de los EE. UU. asociado con el fracaso del país del norte en la Bahía de Cochinos, la invasión fallida a Cuba. La frase “ser impopular y estar a salvo” le pertenece a Stevenson.

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