CEDIB: grave crisis de derechos humanos en Bolivia

Violaciones de derechos humanos y el impacto del extractivismo

El reporte revela que las vulneraciones a los derechos humanos en 2024 han estado estrechamente ligadas a sectores económicos clave, como la minería aurífera y el agronegocio. El 54% de las denuncias estuvieron relacionadas con actividades mineras, mientras que el 56% correspondieron a la expansión de monocultivos y el tráfico de tierras.

Las comunidades indígenas han sido especialmente afectadas, enfrentando invasión de territorios, contaminación de fuentes de agua y deforestación masiva. Se estima que en 2024 se quemaron 12 millones de hectáreas de bosques, en gran parte debido a la expansión del agroextractivismo.

El papel del Estado: complicidad y omisión

El informe subraya que el Estado boliviano ha jugado un papel central en esta crisis. En el 100% de los casos analizados, el Estado fue identificado como responsable, ya sea por acción directa o por omisión. Las políticas gubernamentales han favorecido a los sectores extractivos, otorgando privilegios a cooperativistas mineros y grandes productores agrícolas a costa del medioambiente y las comunidades locales.

Además, la impunidad ha sido una constante: los operadores mineros y agroindustriales cuentan con respaldo estatal, lo que permite que continúen sus actividades sin regulaciones efectivas ni consecuencias legales.

Defensores ambientales bajo ataque

Uno de los puntos más alarmantes del informe es el incremento de los ataques contra defensores ambientales, con 38 casos documentados en 2024. El 64% de los ataques ocurrieron en contextos mineros, mientras que el 32% se vincularon con el avance del agronegocio y la mercantilización de tierras.

Entre las agresiones reportadas se encuentran amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias y procesos judiciales sin garantías. Incluso, se documentaron casos de persecución contra comunidades que resisten la expansión de actividades extractivas en reservas naturales como Tariquía, donde empresas estatales como YPFB y Petrobras han impulsado litigios contra campesinos opositores a sus operaciones.

Conclusión: una crisis que pone en riesgo la democracia

El informe del CEDIB concluye que la situación actual representa una erosión grave del Estado de derecho en Bolivia. La colusión entre el poder político y los sectores extractivos está profundizando la crisis ambiental y social, debilitando las estructuras de protección de derechos y dejando a las comunidades sin mecanismos efectivos de defensa.