El presidente Rodrigo Paz aprobó en los últimos días de 2024 el Decreto Supremo 5515, una norma que le permite gobernar Bolivia incluso cuando se encuentre fuera del territorio nacional, utilizando medios tecnológicos de comunicación. La medida ha generado cuestionamientos sobre su constitucionalidad y ha profundizado las tensiones entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia.
El decreto, que consta de solo dos artículos, modifica el DS 4857 de enero de 2023 sobre la Organización del Órgano Ejecutivo. La principal modificación establece que el presidente "deberá ejercer" sus atribuciones constitucionales "a través de medios tecnológicos de comunicación, en caso de encontrarse fuera del territorio nacional de manera temporal".
La aprobación del decreto coincide con la confirmación de que Paz viajará al exterior en al menos dos ocasiones durante los primeros meses de 2025: participará en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, previsto para el 19 al 23 de enero, y asistirá a la posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, programada para marzo.
La norma también contempla situaciones donde no sea posible el uso de tecnología. En esos casos, el presidente deberá comunicar "de forma expresa, escrita y con precisión de fechas" al vicepresidente el detalle de acciones a realizar durante la suplencia temporal, la cual finalizará automáticamente cuando el mandatario retorne al país.
El decreto limita significativamente el margen de acción del vicepresidente durante las ausencias presidenciales. En ejercicio de la suplencia temporal, el vicepresidente deberá "dirigir su accionar en el marco del detalle previsto" por el presidente y coordinar con el ministro de la Presidencia, "en congruencia con las políticas de Estado y de Gobierno correspondientes".
Esta disposición cobra particular relevancia en el contexto de las diferencias públicas entre Paz y el vicepresidente Edmand Lara, quien ha expresado cuestionamientos contra el mandatario en días recientes. Se aguarda un pronunciamiento oficial de Lara sobre la nueva normativa.
El expresidente y exministro de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, cuestionó duramente el decreto. "Es un despropósito escalar las diferencias" entre Paz y Lara con medidas de "debatible constitucionalidad", señaló.
Rodríguez Veltzé recordó que "la coordinación y cooperación entre órganos de poder público fundan la organización del Estado" y que sus titulares "están obligados a respetar estos principios constitucionales por encima de sus diferencias personales o políticas". El expresidente reclamó "mayor respeto y responsabilidad por la función pública" a ambas autoridades.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, defendió la norma argumentando que busca actualizar la interpretación constitucional con los avances tecnológicos. "Si el presidente está en condiciones de mantener interacción en tiempo real, no se aplicaría el concepto de ausencia temporal ni definitiva", afirmó.
García justificó el decreto señalando que busca evitar que el vicepresidente tome "acciones que vayan directamente en contra de toda la política de gobierno" durante las ausencias del presidente. Además, indicó que cualquier controversia sobre la constitucionalidad puede dirimirse ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La autoridad recordó que actualmente muchos actos administrativos y jurisdiccionales se realizan por vía virtual, por lo que el presidente no quedaría limitado a su despacho físico para ejercer sus funciones.
El decreto evidencia las crecientes tensiones al interior del Ejecutivo boliviano y plantea interrogantes sobre los límites constitucionales del ejercicio del poder en la era digital, un tema que probablemente generará debate político y jurídico en las próximas semanas.
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