Mauricio Ochoa Urioste
La declaración fue difundida el 8 de febrero de 2026 por su portavoz adjunto, Farhan Haq, a través de los canales oficiales de la ONU.
Según el comunicado, casi 10 millones de personas, es decir, más de dos tercios de la población del país, necesitan actualmente asistencia humanitaria para sobrevivir y “siguen soportando el peso del conflicto”. La ONU expresó una profunda preocupación por el deterioro de la situación de seguridad, marcado por combates, ataques directos y saqueos que afectan a instalaciones humanitarias y sanitarias, así como por las restricciones a la circulación y la inseguridad en las principales rutas de suministro.
De acuerdo con la declaración, estas condiciones “están paralizando las operaciones humanitarias y cerrando servicios esenciales”, lo que coloca a la población civil en una situación de grave peligro e impide el trabajo seguro de los equipos de ayuda sobre el terreno.
El secretario general António Guterres puso especial énfasis en los ataques contra el sistema sanitario. Desde finales de diciembre, al menos 11 instalaciones de salud han sido atacadas únicamente en el estado de Jonglei, interrumpiendo servicios críticos para comunidades que ya se encontraban en condiciones extremadamente precarias. Los incidentes incluyeron además la incautación de 12 vehículos, entre ellos una ambulancia.
La ONU detalló que solo en la última semana se registraron ataques repetidos contra un convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA), un ataque aéreo contra un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras, así como el incendio de una oficina local de Save the Children y la destrucción de su centro de salud.
Ante estos hechos, Guterres afirmó que “este claro desprecio por las operaciones médicas y humanitarias es inaceptable y debe cesar”, y subrayó que la labor humanitaria “debe facilitarse y respetarse”, conforme al derecho internacional.
La intensificación de la violencia ha provocado desplazamientos masivos de población. Según los informes citados por la ONU, más de 370.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en lo que va de 2026, de las cuales más de 280.000 corresponden al estado de Jonglei. La crisis humanitaria se ve agravada por un brote de cólera que empeora rápidamente, aumentando los riesgos para una población ya altamente vulnerable.
Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, logró su independencia de Sudán en 2011, pero poco después cayó en un conflicto interno caracterizado por la rivalidad política, la violencia étnica y el reiterado fracaso de los acuerdos de paz. Aunque en 2018 se firmó un acuerdo destinado a poner fin a la guerra civil, la inseguridad persistente y los enfrentamientos localizados han seguido socavando la estabilidad y la recuperación del país.
En su declaración, António Guterres instó a todas las partes involucradas a poner fin de forma “inmediata y decisiva” a todas las operaciones militares, reducir las tensiones mediante el diálogo y respetar el derecho internacional humanitario. Asimismo, reclamó la protección efectiva de la población civil y la garantía de un acceso humanitario seguro y sostenido, incluyendo la seguridad del personal humanitario y de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas desplegadas en el país.
La ONU reiteró que, sin un cese real de las hostilidades y sin condiciones mínimas de seguridad, la situación humanitaria en Sudán del Sur continuará deteriorándose, con consecuencias cada vez más graves para millones de personas.
Fuente: Noticias ONU
