Pluralismo y justicia: los retos del gobierno
Alcanzada como fue la meta de iniciar un nuevo ciclo dentro de la vida política boliviana, tras el alejamiento del Movimiento al Socialismo (MAS) de los círculos de poder, conviene hoy repasar cuáles son los retos que enfrenta la democracia boliviana, debilitada por años de autoritarismo, abuso y discrecionalidad en la gestión pública.
La reciente promulgación y posterior abrogación del decreto supremo 5503, enseña una importante lección: en democracia, las decisiones no se limitan al Ejecutivo. El Parlamento, especialmente, juega un papel definitivo. Más allá de cualquier análisis legal y constitucional de la norma precitada, lo cierto es que la Central Obrera Boliviana (COB), aglutina a una buena parte de los otros actores políticos que en una sociedad moderna y pluralista debería tener cierta partida. Consecuentemente, el gobierno no perdió ni cedió espacios. Todo lo contrario, hizo lo que quizás desde un principio debió hacer: consensuar con una parte de los actores involucrados, una norma que se ajusta mejor a la voluntad colectiva.
Tales afirmaciones pueden sonar rocambolescas en una etapa histórica en la que estamos acostumbrados a ver con mayor preocupación y no menor sorpresa, una polarización en el debate público, que en gran medida es el resultado ya de la desinformación de las redes sociales, y la generación de “tiktokers” tan acostumbrados a ver solamente “el blanco” o “el negro”. Lo cierto es que en una democracia moderna, todas las opiniones deben ser tomadas y evaluadas como tales, recordando que la construcción de esta forma de gobierno se hace apelando a una lucha no restrictiva de ideas.
Huelga entonces preguntarse cuál es el segundo propósito elemental de la administración de Rodrigo Paz Pereira. La economía, podría ser. Pero, me animo a decir sin titubeos, que la misión principal es otra y no admite excepciones por su carácter humanitario: la urgente reforma de la justicia, incluida la superación de la “época del terror” del MAS. Es preciso ya no solamente una liberación pura y simple de todos los presos políticos, y una nulidad de los procesos político-judiciales en favor de todos los refugiados amparados en la Convención de Ginebra de 1951; sino, además, una reparación justa y oportuna de todas las víctimas debido al uso despiadado de la injusticia servil del anterior gobierno de turno.
Recapitulando lo anterior diremos que los dos objetivos principales del actual gobierno todavía no satisfechos son superar los viejos maniqueísmos y gobernar con todos y para todos; y por otro lado, la reparación integral de las víctimas de los años oscurantistas del MAS.
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