Mauricio Ochoa Urioste
Cuando Chris Wright cruzó este miércoles las puertas del Palacio de Miraflores para reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no protagonizaba una visita de cortesía. El secretario de Energía de Estados Unidos se convertía en el funcionario de mayor rango de la administración Trump en pisar suelo venezolano desde la Operación Absolute Resolve del 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas especiales estadounidenses. Wright no dudó en calificar el encuentro como "histórico", y la palabra, por una vez, no parece exagerada.
Lo que se negocia en Caracas trasciende los acuerdos bilaterales de compraventa de crudo. Se trata de la reconfiguración completa de la relación entre el mayor consumidor de energía del planeta y el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo: más de 303.000 millones de barriles, según datos de la OPEP, una cifra que equivale aproximadamente a una quinta parte de las reservas globales. El hecho de que esas reservas hayan permanecido durante años en un estado de infraexplotación crónica convierte a Venezuela en una pieza codiciada y, al mismo tiempo, en un desafío técnico y político de proporciones enormes.
Para comprender la magnitud del giro actual, conviene recordar el camino recorrido. Durante más de una década, Washington aplicó sobre Venezuela un régimen de sanciones progresivamente asfixiante. Las restricciones más severas comenzaron en enero de 2019, cuando la primera administración Trump bloqueó las transacciones financieras con PDVSA y prohibió las exportaciones de productos petroleros estadounidenses a Venezuela. Las importaciones de crudo venezolano a Estados Unidos, que habían alcanzado 1,3 millones de barriles diarios en 2001, se redujeron a cero en cuestión de meses.
El daño fue acumulativo. Las sanciones se sumaron a décadas de mala gestión, corrupción institucionalizada y una fuga masiva de talento técnico que había comenzado ya en 2002-2003, cuando el gobierno de Hugo Chávez despidió a más de 18.000 trabajadores de PDVSA —ingenieros, geólogos, gerentes y personal altamente especializado— tras el paro petrolero nacional. Fueron reemplazados por cuadros leales al proceso bolivariano pero carentes de la competencia técnica necesaria para operar una industria tan compleja como la del crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.
El resultado fue un desplome productivo sin paralelo en la historia reciente de la OPEP: de los 3,4 millones de barriles diarios que Venezuela producía en 1998, la cifra cayó a menos de 400.000 en 2020, el mínimo histórico absoluto. La recuperación parcial de los últimos años elevó la producción a entre 800.000 y 1,2 millones de barriles diarios —según se tomen estimaciones independientes como las de Goldman Sachs o las cifras del propio gobierno venezolano—, aún muy lejos de cualquier nivel comparable al de su apogeo.
Ahora, con Maduro detenido y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, y Rodríguez instalada como presidenta encargada desde el 5 de enero con el respaldo explícito de Washington, las sanciones se levantan a un ritmo acelerado. La última ronda de exenciones, anunciada en las horas previas a la visita de Wright, permite ya a empresas estadounidenses operar en el mercado petrolero venezolano como parte de un proceso que arrancó formalmente el 7 de enero y que incluye la Licencia General No. 46 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 29 de enero, habilitando la venta y el transporte de crudo hacia mercados internacionales.
El terreno legal también se ha transformado de manera radical. El 29 de enero, la Asamblea Nacional aprobó y Rodríguez firmó de inmediato una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que constituye el cambio más significativo en el régimen petrolero venezolano desde la nacionalización de 1976 bajo Carlos Andrés Pérez. La normativa revierte uno de los pilares ideológicos del chavismo: el monopolio estatal sobre la producción y comercialización del petróleo, vigente en su forma más restrictiva desde que Chávez modificó la ley en 2006 para exigir que PDVSA fuera el accionista mayoritario en todos los grandes proyectos y controlar la operación, las compras y el comercio del crudo.
La nueva ley otorga a las empresas privadas domiciliadas en Venezuela la posibilidad de explorar, extraer, transportar y almacenar petróleo mediante contratos directos con PDVSA u otras entidades estatales, asumiendo costos y riesgos propios. Les permite además comercializar directamente toda o parte de su producción, con aprobación ministerial, rompiendo así el monopolio de comercialización de la estatal. Crucialmente, la reforma introduce la posibilidad de arbitraje internacional independiente para la resolución de disputas, eliminando la obligación anterior de dirimir cualquier conflicto exclusivamente en tribunales venezolanos controlados por el partido gobernante.
Este último punto resulta especialmente significativo. Cuando Chávez nacionalizó activos de grandes petroleras occidentales en 2006-2007, empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips perdieron inversiones millonarias y aún esperan cobrar miles de millones en laudos arbitrales. La ausencia de garantías contra la expropiación fue durante años uno de los mayores desincentivos para la inversión extranjera. Con el nuevo marco, que además incluye un mecanismo de estabilización económica para proteger los contratos ante cambios regulatorios adversos, los inversores cuentan con salvaguardas que antes no existían.
No obstante, la nueva ley no es solo una concesión al capital privado. Es el precio político que Rodríguez paga por la legitimidad que le otorga Washington. Trump dejó claro desde el mismo día de la captura de Maduro que Estados Unidos se haría cargo del desarrollo y la explotación de los recursos petroleros venezolanos, y el marco normativo aprobado en Caracas traduce esa declaración de intenciones en arquitectura legal operativa.
La retórica oficial de la administración Trump enmarca la visita de Wright en un objetivo amplio: "restaurar la prosperidad, la seguridad y la protección de Venezuela, Estados Unidos y todo el hemisferio occidental". Pero detrás de la fórmula diplomática operan al menos tres intereses estratégicos concretos.
El primero es energético en sentido estricto. Las refinerías del Golfo de México están diseñadas para procesar crudo pesado, precisamente el tipo que produce Venezuela. Durante años, la caída del suministro venezolano obligó a buscar alternativas más costosas o logísticamente más complejas. Reactivar ese flujo beneficia directamente a la infraestructura de refinación estadounidense. Además, Citgo —la filial de PDVSA en Estados Unidos— posee tres refinerías (Lemont, Lake Charles y Corpus Christi) con una capacidad combinada superior a los 800.000 barriles diarios, diseñadas específicamente para procesar crudo pesado, aunque su futuro es incierto dada la venta programada de activos de Citgo para satisfacer reclamaciones de acreedores contra Venezuela y PDVSA.
El segundo interés es geopolítico. Venezuela ha sido durante años un punto de influencia para China, Rusia, Irán y Cuba, países que mantuvieron relaciones comerciales y políticas con el gobierno de Maduro incluso durante el período más duro de las sanciones. De hecho, las restricciones estadounidenses terminaron redirigiendo la mayor parte de las exportaciones venezolanas hacia mercados chinos a través de redes opacas de intermediarios y flotas no declaradas. Controlar la reactivación petrolera venezolana permite a Washington reducir esa influencia y reposicionarse como el actor dominante en un país que, además de petróleo, posee enormes reservas de oro, bauxita, diamantes, hierro y carbón.
El tercero tiene que ver con el equilibrio del mercado global. Trump ha planteado incluso la posibilidad de usar el crudo venezolano para desplazar las importaciones rusas de la India, que actualmente rondan los 1,3 millones de barriles diarios. Aunque analistas como los de Foreign Policy consideran ese objetivo lejano dadas las limitaciones productivas actuales, la mera ambición revela la escala del proyecto geoenergético que contempla Washington.
La ambición choca, sin embargo, con una realidad operativa desalentadora. PDVSA, que hace treinta años era considerada una empresa técnicamente competente y profesionalizada, ha sufrido un deterioro que Wright pretende evaluar de primera mano visitando yacimientos durante su estancia en el país. El propio secretario de Energía lo reconoció días antes de su viaje al señalar que PDVSA "fue una empresa altamente profesional y técnicamente competente hace 30 años, y ya no lo es desde hace bastante tiempo".
Los problemas son múltiples y se refuerzan mutuamente. La infraestructura de producción y transporte está deteriorada tras años de mantenimiento nulo o insuficiente. El crudo extrapesado de la Faja del Orinoco requiere diluyentes importados para reducir su viscosidad antes de ser transportado por oleoductos a refinerías o terminales de exportación, y los suministros se interrumpieron repetidamente por las sanciones. La red eléctrica nacional, de la que depende buena parte de la operación extractiva, atraviesa una crisis propia con apagones frecuentes —Venezuela depende en un 78% de la energía hidroeléctrica para su generación, pero la infraestructura está gravemente deteriorada—; no en vano, la embajada estadounidense subrayó que modernizar esa red será parte del esfuerzo conjunto. Y el capital humano más experimentado emigró hace años: una generación entera de técnicos y profesionales petroleros venezolanos trabaja hoy en Colombia, Brasil, Estados Unidos y el Golfo Pérsico.
Chevron, la única gran petrolera estadounidense que nunca abandonó Venezuela, opera actualmente una empresa mixta con PDVSA que produce unos 240.000 barriles diarios. Su vicepresidente, Mark Nelson, declaró en una reunión en la Casa Blanca que la compañía podría aumentar la producción venezolana "en un 50% en los próximos 18 a 24 meses" dentro de sus propios planes de inversión. Pero más allá de Chevron, los analistas coinciden en que llevar la producción total por encima de los 1,5 millones de barriles diarios requerirá inversiones de decenas de miles de millones de dólares distribuidas a lo largo de varios años. Y eso asumiendo estabilidad política, un supuesto que en Venezuela nunca ha sido seguro. Cualquier inversión, además, parte de una base de riesgo elevada: el país arrastra una deuda externa estimada en 150.000 millones de dólares, y PDVSA no publica informes anuales ni documentación financiera desde 2016.
La reunión de Miraflores no fue un asunto de dos. Junto a Rodríguez y Wright se sentaron la enviada especial de Washington para Venezuela, Laura Dogu, y su contraparte venezolana, Félix Plasencia, así como el presidente de PDVSA, Héctor Obregón Pérez. La composición de la mesa revela las capas de la negociación: diplomáticas, energéticas y empresariales simultáneamente.
Wright tiene previsto reunirse también con representantes del sector empresarial privado, una señal de que el modelo que imagina Washington no pasa exclusivamente por PDVSA, sino por un ecosistema mixto donde las petroleras internacionales operen con autonomía significativa. La administración Trump ha dejado entrever incluso que la profesionalización del liderazgo de PDVSA será "tema de diálogo" durante la visita, un eufemismo que apunta a una posible presión para renovar la cúpula directiva de la estatal. Wright reconoció que "mejorar y profesionalizar PDVSA está absolutamente en la agenda", aunque evitó sugerir nombres concretos y enfatizó que PDVSA sigue siendo "una empresa venezolana".
El nuevo capítulo petrolero venezolano se abre con al menos tres escenarios posibles en el horizonte de mediano plazo.
En el más optimista, la llegada masiva de capital y tecnología estadounidense reactiva progresivamente la producción. El Council on Foreign Relations estima que Venezuela podría volver con relativa rapidez a un millón de barriles diarios una vez se levante completamente el bloqueo exportador, y que añadir otros 500.000 barriles sería factible en un plazo razonable con inversión adecuada. En este escenario, los ingresos fiscales permiten una reconstrucción parcial de los servicios públicos devastados y el país se reinserta en los circuitos financieros internacionales. Esto exige, como mínimo, estabilidad política sostenida, respeto a los nuevos marcos legales y una convivencia funcional entre PDVSA y las multinacionales.
En un escenario intermedio, la inversión fluye pero se concentra en los yacimientos más rentables y accesibles, dejando intactos los problemas estructurales del país. Venezuela se convertiría en un enclave extractivo eficiente pero desigual, con una economía aún más dependiente del petróleo que antes del colapso y con beneficios distribuidos de forma asimétrica entre el capital internacional y la población. Analistas del sector advierten además que el crudo venezolano es un "play convencional" donde los retornos llegan a largo plazo —muy diferente a la dinámica del shale estadounidense—, lo que significa que las grandes petroleras necesitarán claridad sobre el futuro político de Venezuela mucho más allá de los mandatos de Trump y Rodríguez antes de comprometer capital serio sin garantías del gobierno estadounidense.
En el escenario más pesimista, la inestabilidad política resurge —ya sea por resistencia del chavismo residual, por disputas internas en el nuevo gobierno o por un cambio de prioridades en Washington—, las inversiones se paralizan y Venezuela queda atrapada entre compromisos legales adquiridos y una incapacidad operativa para cumplirlos. Como advirtió el exejecutivo de PDVSA y analista Luis Pacheco, "si las empresas van a invertir miles de millones de dólares a lo largo de años, seguramente necesitarán algo más que una reforma apresurada llevada a cabo bajo presión de Washington".
La visita de Wright a Caracas es, en última instancia, un capítulo de una historia más amplia: la de cómo la mayor reserva petrolera del planeta pasó de ser un símbolo de soberanía nacional a convertirse en un activo gestionado bajo tutela extranjera. Para Venezuela, el reto es que la reapertura al capital internacional no reproduzca los patrones de dependencia que marcaron su historia antes de la nacionalización de 1976. Para Estados Unidos, el desafío es demostrar que su intervención produce resultados tangibles para los venezolanos y no solo para los accionistas de Houston.
El gobierno de Rodríguez, que aspira a incrementar la producción de crudo un 18% durante 2026 según declaró el propio CEO de PDVSA, Héctor Obregón, sabe que su supervivencia política depende de que las promesas de prosperidad asociadas al petróleo comiencen a materializarse en un país donde la crisis humanitaria ha expulsado a millones de personas. Mientras tanto, el contexto del mercado global añade incertidumbre: con una sobreoferta estimada de dos millones de barriles diarios para 2026 según la Agencia Internacional de la Energía, y con la OPEP+ deshaciendo recortes voluntarios, los precios del crudo están en mínimos de cuatro años. Más barriles venezolanos en el mercado presionarían aún más a la baja, lo que paradójicamente podría dificultar la rentabilidad de las mismas inversiones que se buscan atraer.
Wright regresará a Washington con un diagnóstico de primera mano sobre el estado real de los yacimientos y la infraestructura. Lo que haga con ese diagnóstico determinará la velocidad y la profundidad de una transformación que, para bien o para mal, ya está en marcha.
(Con información de Europa Press).
