Mauricio Ochoa Urioste
La movilización de este martes 10 de febrero en Sevilla, con unos 400 vehículos agrícolas convergiendo sobre la Subdelegación del Gobierno, no es un episodio aislado. Es el último eslabón de una cadena de protestas que desde finales de 2024 recorre Europa entera y que tiene en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur su punto de mayor fricción. Según un cable de Europa Press, el subdelegado Francisco Toscano aseguró que el Gobierno "comparte plenamente" algunas de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias convocantes —Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA— y que el Ejecutivo "se coloca a la cabeza" de determinadas demandas, particularmente en lo relativo al reparto de la Política Agraria Común propuesto por la Comisión Europea. Sin embargo, lo que Toscano ofrece como "mano tendida" y "diálogo sincero" es recibido por las organizaciones del campo con el escepticismo de quien lleva meses escuchando promesas sin ver resultados concretos.
Y mientras los tractores entraban en Sevilla, a 1.800 kilómetros, en Estrasburgo, se producía el movimiento que da al conflicto una nueva dimensión.
Según informa Europa Press desde Bruselas, el pleno del Parlamento Europeo ha dado este mismo martes luz verde definitiva a las cláusulas de salvaguarda agrícolas, pactadas con el Consejo y la Comisión como condición para desbloquear la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Con esta votación, el mecanismo queda a un solo trámite —el visto bueno formal de los 27— antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE y su entrada en vigor.
Las medidas están diseñadas para reforzar la protección del campo europeo ante distorsiones graves causadas por la apertura al mercado del Mercosur en sectores como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar. El marco establece que Bruselas actuará cuando las importaciones de productos sensibles se incrementen de media un 5% y los precios caigan en el mismo porcentaje en un periodo de tres años, con un plazo máximo de 21 días para activar medidas específicas tras el inicio de una investigación. El umbral original propuesto por la Comisión era del 10%, y el acuerdo preliminar de diciembre entre Consejo y Parlamento lo fijaba en un 8%, pero finalmente se redujo al 5% para satisfacer las demandas de Italia, cuyo gobierno había frenado la firma al sumarse al bloqueo de Francia y Polonia. Tras lograr estos cambios, el Gobierno de Giorgia Meloni retiró su veto, lo que permitió reactivar el proceso para la firma de enero en Asunción.
La aprobación abre la puerta a que el acuerdo interino pueda aplicarse de forma provisional en los próximos meses si así lo decide la Comisión Europea, una posibilidad que sigue generando profundas divisiones.
Para entender la protesta sevillana hay que situarla en su contexto institucional completo. El 9 de enero de 2026, el Consejo de la UE dio luz verde a la firma de los acuerdos con el Mercosur. Posteriormente, el 17 de enero, tuvo lugar en Paraguay la ceremonia de firma. Consilium Se creaba sobre el papel la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas. Pero la firma no fue el final del camino, sino el comienzo de una batalla política que está lejos de resolverse.
Apenas cuatro días después, el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la UE. La votación fue ajustada, con 334 eurodiputados a favor de la remisión, 324 en contra y 11 abstenciones. Euronews Esto supone que la ratificación parlamentaria queda suspendida hasta que los jueces de Luxemburgo se pronuncien, un proceso que podría demorar entre 18 y 24 meses. La Comisión Europea, no obstante, conserva la posibilidad de impulsar una aplicación provisional del componente comercial, un movimiento que varios gobiernos —empezando por el de Francia— considerarían una "violación democrática".
Lo que el Parlamento ha aprobado hoy en Estrasburgo no es la ratificación del acuerdo en sí —esa queda suspendida hasta que el TJUE se pronuncie—, sino el reglamento de salvaguardias que acompañará al tratado cuando este entre en vigor. Es una pieza técnica pero políticamente decisiva: sin ella, la Comisión difícilmente habría podido justificar una eventual aplicación provisional. Con ella en la mano, el camino hacia esa aplicación provisional se despeja considerablemente.
El debate sobre la eficacia de estas cláusulas es el eje que divide a los actores políticos europeos, y la votación de hoy lo ha dejado en evidencia.
El Reglamento refuerza la protección a los agricultores de la UE y garantiza que puedan aplicarse medidas de salvaguardia de forma rápida y eficaz en caso de que las importaciones procedentes de socios del Mercosur causen o amenacen con causar un perjuicio grave. Consilium Tanto las autoridades nacionales como personas o empresas representantes del sector podrán solicitar que los servicios comunitarios inicien una investigación, y la Comisión deberá presentar al menos un informe cada seis meses ante la Eurocámara sobre el impacto de las importaciones de productos sensibles.
El eurodiputado del PP Gabriel Mato, ponente del texto, celebró tras la votación que las salvaguardas asegurarán "una protección real y efectiva para los agricultores" y destacó que se trata de una medida "fundamental" que "permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible". En la misma línea, la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia puso en valor que es "un ejemplo claro de que estamos dispuestos a tomar todas las medidas que haga falta para que la liberalización comercial no se haga a costa del sector agrícola europeo". Francisco Assis, ponente en la sombra por los Socialistas y Demócratas y negociador de las salvaguardas, defendió que la Unión ha "tomado en serio" las preocupaciones del campo.
Pero para una parte significativa del arco político y del propio sector agrario, estas cláusulas son un mecanismo de contención insuficiente. La eurodiputada de Vox Mireia Borrás, desde la comisión de Agricultura, fue tajante: "Las salvaguardias no son una protección, son una coartada. No se activan automáticamente, llegan cuando el daño ya está hecho y no corrigen la competencia desleal." Su partido las califica de "papel mojado" y denuncia un "laberinto burocrático imposible" para su activación.
La crítica de Vox conecta con una objeción más amplia del sector. Para la formación, las salvaguardias no son automáticas: si hay daños de mercado para un sector, primero se tendría que "abrir una investigación y consultar a todos los países" antes de ponerlas en marcha. "En el camino se habrá destruido a una producción." Infobae
Desde el lado sudamericano, la perspectiva añade otra capa de complejidad. El canciller de Paraguay, como presidencia pro tempore de Mercosur, sostuvo en enero que las "medidas de salvaguardia" que impulsa la UE no forman parte del acuerdo tal y como el bloque sudamericano da por cerrado el texto. Agrodigital En Bruselas, la Comisión defiende que el mecanismo sí está contemplado en las cláusulas bilaterales del acuerdo, y que lo aprobado hoy es simplemente el desarrollo normativo interno necesario para aplicarlo. Una discrepancia jurídica que, lejos de ser menor, podría convertirse en un foco de tensión futura entre ambos bloques.
España presenta una paradoja notable en esta ecuación. España siempre ha estado a favor del acuerdo comercial con Mercosur, junto a Alemania y los países nórdicos. elDiario.es El presidente Pedro Sánchez ha sido uno de los principales impulsores del tratado, y el Ministerio de Economía y Comercio destaca que el acuerdo abre oportunidades significativas para sectores exportadores españoles. El Mercosur eliminará los aranceles al 93% de las exportaciones de la UE, suponiendo la apertura de este enorme mercado para sectores muy relevantes para España, tales como aceite de oliva, vino, quesos, frutas y hortalizas o porcino. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Pero es en este mismo país, y particularmente en Andalucía, donde el sector primario se siente más amenazado por la entrada de productos agrícolas del Mercosur. La región es una de las principales productoras de aceitunas, cítricos, frutas, hortalizas y ganado del continente, y sus agricultores temen que las diferencias de costes de producción, estándares medioambientales y normativas laborales hagan imposible competir en igualdad de condiciones.
De ahí la ambigüedad del gesto del subdelegado Toscano, tal como lo recoge Europa Press. El Gobierno español no puede oponerse frontalmente a un acuerdo que ha impulsado activamente, pero tampoco puede ignorar la presión del campo. La fórmula encontrada es la de "colocarse a la cabeza" de demandas parciales —como el reparto de la PAC o la regularización de mano de obra migrante— sin cuestionar el marco general del tratado. Toscano también destacó que el Gobierno está "iniciando los trámites de una regularización extraordinaria de personas migrantes que se encuentran en territorio nacional" y que "en muchos casos, las mismas prestan sus servicios en el campo", conectando así la cuestión migratoria con las necesidades de mano de obra del sector. Un equilibrismo que las organizaciones agrarias reciben con creciente impaciencia.
Los defensores del acuerdo insisten en que reducirlo a una cuestión de carne de vacuno contra automóviles es perder de vista el cuadro completo. Según Ursula von der Leyen, "con esta asociación beneficiosa para todos, ambos saldremos ganando desde el punto de vista económico, diplomático y geopolítico. Nuestras empresas exportarán y generarán crecimiento y empleo." Commission Européenne en Espagne
Como señaló el presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange: "La única respuesta sensata a lo que China y Estados Unidos están haciendo es dar luz verde al acuerdo del Mercosur. Hacer lo contrario sería geopolíticamente irresponsable y un sinsentido económico." European Parliament
Esta lectura cobra especial relevancia en el contexto actual. Con la administración Trump imponiendo aranceles y replegándose del multilateralismo, y con China consolidando su influencia en América Latina, el acuerdo tiene una fuerte dimensión geopolítica: para la Unión Europea, el tratado sirve para reducir la dependencia de Asia y reforzar su influencia en América del Sur; en tanto, el Mercosur podrá diversificar alianzas, reducir la dependencia de China y reposicionarse como actor relevante en el comercio global. Infobae
El acuerdo se entiende mejor como una respuesta estratégica a un mundo más fragmentado. Lo que hoy se está firmando refleja que el comercio internacional dejó de ser un ejercicio técnico de eficiencia y pasó a operar como palanca de poder, resiliencia de cadenas de suministro y acceso a insumos críticos. Redimin El Mercosur alberga recursos estratégicos que Europa necesita para su transición energética: litio en Argentina, niobio en Brasil, tierras raras con potencial regional.
Pero ni la geopolítica ni la macroeconomía pagan las facturas de un agricultor andaluz. La organización agraria COAG ha señalado que "se ha hecho un reparto de cromos, se han repartido vacas por coches, por otros intereses. No hay igualdad de condiciones, son una competencia absolutamente desleal. La misma Comisión Europea dice que el incremento del PIB que va a suponer Mercosur va a ser del 0,01%. Están vendiendo al sector agrario por calderilla". elDiario.es
El argumento de la reciprocidad es difícil de rebatir. Los manifestantes cuestionan que el acuerdo se negocie sin mecanismos de reciprocidad que obliguen a que los productos importados cumplan con los mismos estándares ambientales, sanitarios y laborales que los productores europeos están obligados a respetar. The Conversation Un agricultor sevillano sometido al reglamento europeo sobre pesticidas, bienestar animal y normas laborales compite con un productor brasileño que opera bajo reglas distintas. La llamada "cláusula espejo", que habría exigido estándares equivalentes, no prosperó en la negociación al considerarse jurídicamente incompatible con el acuerdo ya negociado. Infobae En su lugar, la Comisión se limitó a emitir una declaración de intenciones para buscar una "alineación más potente" de los estándares de producción, una fórmula que los agricultores consideran vacía.
También hay voces dentro del propio sector que, sin dejar de señalar riesgos, reconocen oportunidades. La UPA, aunque ha criticado "el poco diálogo y la poca transparencia", ha defendido que "se abre un escenario atractivo para el comercio. No podemos ponernos una venda en los ojos. Sabemos que el contexto geopolítico y comercial es complejo, a corto y a medio plazo necesitamos acuerdos comerciales basados en reglas." elDiario.es
La movilización sevillana del 10 de febrero no es un caso aislado sino parte de una oleada que ha recorrido Europa desde finales de 2024. Más de 25.000 agricultores y 15.000 tractores se movilizaron en múltiples puntos de España a finales de enero. teleSUR Para el 11 de febrero, los organizadores prevén colapsar Madrid con más de 1.500 tractores y 8.000 agricultores. Okdiario La protesta sevillana de hoy funciona así como antesala de lo que se prevé sea la mayor demostración de fuerza del campo español en lo que va de 2026.
En Francia, los agricultores han llegado con tractores hasta la Asamblea Nacional. En Bélgica, Grecia, Italia, Polonia, Austria y Alemania se han celebrado protestas coordinadas. El sector agrario europeo ha demostrado una capacidad de movilización transnacional que pocos anticipaban y que no muestra signos de agotamiento.
La votación de hoy en Estrasburgo cambia el tablero de juego. Con las salvaguardias aprobadas, la Comisión Europea dispone ahora de la pieza que le faltaba para argumentar que el acuerdo puede aplicarse provisionalmente sin dejar desprotegido al sector agrícola. Queda pendiente el visto bueno formal de los 27 al reglamento de salvaguardias —un trámite que se prevé ágil— y, sobre todo, la decisión política de Von der Leyen sobre si activa la aplicación provisional mientras el Tribunal de Justicia examina la compatibilidad del acuerdo con los tratados.
Si lo hace, se abrirá un conflicto institucional con el Parlamento que votó por remitir el acuerdo al TJUE. Si no lo hace, la presión de Alemania, España y los sectores industriales que esperan acceder al mercado sudamericano será enorme. El canciller alemán Friedrich Merz ya se ha pronunciado: "La decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable. No interpreta correctamente la situación geopolítica. Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional." El Español
Para los agricultores sevillanos que este martes llegaron a la Subdelegación del Gobierno, la "mano tendida" de Toscano es un gesto bienvenido pero insuficiente si no se traduce en protecciones efectivas. Para el Gobierno español, el desafío es sostener un acuerdo que considera estratégico sin sacrificar a su sector primario. Para Europa en su conjunto, la pregunta es si puede proyectar poder geopolítico mediante acuerdos comerciales ambiciosos sin desgarrar su tejido social interno.
La aprobación de las salvaguardias da a Bruselas un instrumento, pero no resuelve la contradicción de fondo. Como resumió COAG, el campo siente que lo están vendiendo "por calderilla" en nombre de la geopolítica. Y como responde la Comisión, en un mundo donde Trump impone aranceles y China expande su influencia, no firmar sería más costoso que cualquier salvaguardia. Entre ambas verdades, los tractores seguirán rodando.
Fuentes: Europa Press (cables del 10/02/2026 desde Sevilla y Bruselas), Consejo de la Unión Europea, Parlamento Europeo, Comisión Europea (Representación en España), Euronews, El Diario, El Debate, Infobae, TeleSUR, Noticias Agropecuarias, Prensa Latina, The Conversation, Escenario Mundial, EsadeGeo, Fundación INAI, Ministerio de Economía y Comercio de España y Escudo Digital.
